La Coalición por una Comunicación Democrática realizará su primer congreso nacional en marzo

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realizará su primer congreso nacional el 3 de marzo próximo en Buenos Aires y convoca a  participar a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de comunicación cooperativa, comunitarias, pueblos originarios, universitarias y de pequeñas y medianas empresas de arraigo local.
 
Al final de los debates se realizará un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, que en 2009 aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ahora atacada por el gobierno, que pretende legislar mediante decretos.
El congreso es convocado bajo el principio de la Coalición de valorar un debate nacional, plural, intersectorial e interdisciplinario.
 El espacio estará abierto a todas las organizaciones e individuos que impulsan la democratización de la comunicación y que la conciben como un derecho humano, no como un negocio que pueda estar concentrado en pocas manos.
 Allí se plantearán y debatirán 21 nuevos puntos por la comunicación democrática, que toman y defienden aquellos que llevaron al país a aprobar la Ley de Servicios Audiovisuales e incorporan aspectos que hoy están en debate a partir de otras demandas que surgen en la sociedad.
Previo a la realización del congreso se promoverán debates sobre los 21 puntos, entre el 21 y el 27 de febrero, en todas las organizaciones y regiones, para fortalecer las ideas y propuestas.
La Coalición sigue sosteniendo su denuncia de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia firmados por el gobierno de Mauricio Macri para desvirtuar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y exige que cualquier planteo de modificación respete los mecanismos participativos que le dieron origen y las atribuciones propias de los legisladores.

Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y económicas, los medios de comunicación cooperativos, comunitarios, universitarios, de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las organizaciones de artistas y actores culturales, las organizaciones de músicos, de prensa, de actores y directores de TV juntan firmas aquí, seguir el vinculo:

https://docs.google.com/forms/d/1E1vtbZKgMGrejyiZzCzVOBN4d5maP4c5Y0ZhkyeCJEY/viewform?c=0&w=1

Despiden a 10 trabajadores de prensa de Infojus

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció informalmente el lunes 25 el despido de diez trabajadores de prensa de Infojus Noticias, sin dar cuenta de ningún motivo para ello, es decir que la decisión fue adoptada sin causa. La política de achicamiento del Estado, que viene observándose en muchísimas otras áreas, parece ser el único interés de las autoridades.

   Los trabajadores difundieron un comunicado en el que anunciaron la declaración del estado de alerta, resolvieron permanecer en asamblea permanente y reclamaron la reincorporación inmediata de los despedidos, entre quienes hay personas que están en la agencia desde que fue fundada, en 2013, y otras de incorporación más reciente.

   Hasta las últimas horas de la tarde del lunes, la agencia no incluía la novedad en su portal (infojusnoticias.gov.ar), en el que se define como "un medio de comunicación que busca tender un puente entre la justicia y la sociedad".

   "Su principal objetivo es convertirse en una herramienta de construcción de ciudadanía y de concientización de los ciudadanos frente a un proceso de democratización de la Justicia", agrega, y define a la información como "un bien público".

   El despido de diez trabajadores de prensa representa una merma de aproximadamente un cuarto del personal, lo que amenaza comprometer gravemente un servicio a la población que venía logrando un afianzamiento progresivo y un aporte muy valioso en la comunicación de los asuntos judiciales, que ocupan espacio preponderante en las agendas periodísticas.

   El comunicado dice textualmente:

   "Los trabajadores de Infojus Noticias, la agencia periodística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, nos encontramos en estado de alerta por los despidos de 10 compañeros (editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y redactores del área de redes sociales) que representan el 25 por ciento de la masa de trabajadores de la agencia.

   "Los despidos fueron comunicados hoy informalmente luego de que cada uno de los trabajadores se encontrara con sus usuarios y cuentas bloqueadas en sus puestos de trabajo. Estos diez compañeros que hoy se quedan sin trabajo se suman a los cientos que ya fueron notificados en el Ministerio y a las miles de bajas laborales de la administración estatal, en el último mes.

   "Los trabajadores de Infojus Noticias nos declaramos en asamblea permanente y exigimos la inmediata reincorporación de nuestros compañeros. Además pedimos que se regularice la situación de otros que se encuentran trabajando sin contrato y esperan desde hace un mes que su situación sea regularizada".

   Antes del anuncio de los despidos había trascendido que las nuevas autoridades de la agencia habían comenzado a reformular las líneas de trabajo habituales de la agencia, al rechazar sin explicaciones propuestas de notas periodísticas sobre los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

   Asimismo, se había conocido un anuncio que impedía a los trabajadores mantener la cobertura de los femicidios, con el argumento de que no se trata de un tema de la órbita judicial, sino de la "policial".

BUENOS AIRES, 25.1.16, 19 hr
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Comisión de la OEA analizara el decreto de Macri contra la Ley Audiovisual

La modificación de la Ley Audiovisual por decreto y la ruptura que esa reforma impuesta por el gobierno causa con los estándares internacionales de libertad de expresión serán examinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a raíz de una gestión de la Defensoría del Público.

   El decreto 267/15 modificó la Ley 26.522 a favor de grandes empresas privadas, el grupo Clarín en primer lugar, al permitirle concentrar más licencias y ampliar sus negocios en el cable, y reemplazó organismos plurales y federales por otro en el que el Poder Ejecutivo tiene garantizada la mayoría automática.

   Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, recibieron el viernes 22 a la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano.

   Mientras esto sucedía en Washington, en Mar del Plata la Cámara Federal local resolvió habilitar feria para intervenir en una demanda por inconstitucionalidad de decretos del Ejecutivo, lo que significa que acepta una presentación hecha a nombre de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA), y que estudiará la cuestión de fondo.

   A la vez, en La Plata, la Sala III de la Cámara Federal restituyó plenamente la vigencia de un fallo precautelar del juez Luis Arias, que había dejado en suspenso la intervención de AFSCA decidida también por decreto, aunque las consecuencias prácticas de este dictamen son de pronóstico difícil, ya que luego el gobierno aprobó otro decreto, que superó al anterior.

 

LA DEFENSORÍA ANTE LA CIDH

   En la capital estadounidense, Ottaviano fue recibida a raíz de su pedido de reunión de urgencia para expresar que los decretos macristas atentan contra la libertad de expresión, al concentrar la comunicación en pocas manos y disponer que el organismo que administra el sector, el Ente Nacional de Comunicaciones, tenga mayoría automática del Ejecutivo, a diferencia de AFSCA.

   El organismo informó que la reunión duró una hora y media y que la Defensora presentó documentación, como los sucesivos pronunciamientos de sindicatos, universidades, organizaciones de radios comunitarias y de comunicadores, de pueblos originarios y diversidad de género, músicos y actores, entre otros, todos contrarios a los decretos del gobierno y defensores de la circulación libre de información y opinión.

   "Hemos podido plantear la ilegitimidad de los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para modificar una ley de comunicación que fue debatida y consensuada por todos los poderes de la Argentina", declaró Ottaviano.

   Agregó que Lanza y Longoria le anunciaron que la semana próxima transmitirán a la Comisión la situación creada por el gobierno

 

FALLO EN LA PLATA REESTABLECE PRECAUTELAR

   La Sala II de la Cámara Federal de La Plata restituyó un fallo precautelar del juez Luis Arias que dispuso la suspensión de todos los efectos de un primer decreto gubernamental, el 236/15, que intervino AFSCA y AFTIC e impuso autoridades nuevas, que de inmediato dispusieron despidos.

   Arias había aceptado un pedido del titular de AFSCA La Plata, Luis Guerín, por considerar en riesgo el respeto a derechos esenciales y, aunque se declaró incompetente sobre la cuestión de fondo –si el decreto es constitucional o no-, pidió que el gobierno no alterara la situación hasta un fallo definitivo.

   El gobierno no acató nunca esta sentencia precautelar e impidió que el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, reasumiera sus responsabilidades, algo que no podía eludir tomando en cuenta que la decisión de Arias significó restituir la vigencia de la Ley 26.522.

   Este litigio en La Plata quedó a cargo del juez federal 4, Alberto Recondo, quien falló inmediatamente a favor del gobierno, al desestimar íntegramente la presentación de Guerín. Esta es la decisión que la Cámara anuló hoy y desplazó al juez por fallas graves, como no tomar en cuenta los procedimientos de amparo.

   Es que Recondo actuó tan rápido que, dice el fallo conocido el viernes 22, ni siquiera dio vista a la parte actora –Guerín-, cuando el gobierno presentó alegatos a favor de su postura. Hubo, por lo tanto, afectación de garantías procesales y un procedimiento "extemporáneo por prematuro".

   La Cámara envió este caso al juez federal 2 de La Plata, Adolfo Gabino Ziuli, y en su fallo dijo que no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no del decreto posterior al objetado por Guerín, el 267/15, si bien expresa que actúa en la misma línea de los derechos que el actor consideró vulnerados.

 

FALLO EN MAR DEL PLATA PARA ANALIZAR DNU

   También el viernes 22, la Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el tratamiento de un planteo contra el decreto 267/15, el que modificó aspectos esenciales de la Ley Audiovisual a favor de Clarín, lo que significa que examinará si es o no constitucional.

   Este caso se originó en una presentación de Osvaldo Francés como integrante de ARBIA, quien cuestionó la eliminación de AFSCA y su reemplazo por un organismo a merced del Ejecutivo macrista y, también, el hecho de que el gobierno legisle por decreto en lugar de apelar al Congreso.

   La Cámara no se pronuncia sobre la cuestión de fondo. Dijo: "Si esa afectación se encuentra dentro de los carriles constitucionales o no, será objeto de análisis oportunamente", pero lo que no se puede discutir, aclara, es la legitimidad de Francés para pedir el amparo, que había sido rechazado de plano y automáticamente por el juez federal 4, Alfredo López.

   Otras presentaciones están en curso, en diversas instancias, en varios puntos del país. Una de ellas está en Cámara de Apelación de la Ciudad de Buenos Aires –el tribunal conocido como "en lo Clarín y Rural", por sus decisiones favorables a esos grupos- y otra en la Cámara Federal de San Martín.

BUENOS AIRES, 22.1.16, 21.15

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Primera reunión paritaria de Fatpren con autoridades de ADIRA

Este martes 19 de enero, Dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se entrevistaron con autoridades de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), en una primera aproximación para la discusión paritaria correspondiente al período entre marzo de 2016 y febrero de 2017.

Por la FATPREN concurrieron el Secretario General, Roberto Zorrilla; el Secretario Adjunto, Orlando Romero; la Secretaria Gremial, Marina Almirón; el Secretario de Interior, Miguel Iademarco; y el Prosecretario de Interior, Flavio Frangolini; en tanto por la asociación patronal estuvieron presentes su Presidente, Jorge Botta; el Vicepresidente 1º, Sebastián Zuelgaray y el también integrante de ADIRA, Felipe Videla.

Cabe destacar que por primera vez se logró iniciar las conversaciones con tanta antelación al vencimiento del acuerdo vigente, y en el encuentro se abordó la situación económica general del país y la situación de los medios de comunicación y sus trabajadores.

Como resultado, las autoridades de ADIRA recibieron las demandas de la Federación, de cara a la reunión de Consejo Directivo que la cámara empresarial tiene prevista para mediados del mes de febrero.

Asimismo, se acordó que en esta instancia además de abordar la cuestión salarial se retomarán otros temas pendientes de la negociación paritaria como el plus por zona desfavorable, antigüedad, la licencia por enfermedad de familiares de los trabajadores y el régimen de licencias gremiales para los dirigentes sindicales.
Fuente Fatpren

El SIPRENCR en defensa de los puestos de trabajo en la administración nacional

El SIPRENC integra la mesa de trabajo en defensa de los puestos laborales integrada por los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública nacional.
Las organizaciones participaron de una reunión con el intendente Carlos Linares, realizada el mediodía del martes pasado.

Por los sindicatos asistieron la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), María Marta Rousseaux; la secretaria general del Sindicato de Prensa Comodoro Rivadavia (SIPRENCR), Mónica Baeza y el secretario adjunto, Gustavo Martinez,  el secretario adjunto de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), Omar Romero; el secretario general local de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a su vez delegado de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Juan Carlos Ovando; la diputada nacional, Ana Llanos y el concejal, Nicolás Caridi.

Los integrantes de la mesa de trabajo coincidieron al afirmar que se preparan para defender la fuente laboral de los trabajadores. Se manifesto preocupación por lo que pasa en el resto del país que aun no tiene repercusiones a nivel local.
Desde el SiPrEn además se rechazó la intención del gobierno nacional de hacer elegir a los trabajadores entre mejoras salariales que les permitan afrontar las consecuencias de la devaluación o el desempleo. Los dirigentes explicaron que la organización esta movilizada desde diciembre a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia que afectó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que se considera que es una herramienta importantísima para fortalecer la ciudadanía y el ejercicio del Derecho a la Comunicación. De la misma manera se recordó que se realizaron protestas públicas destinadas a conseguir un bono de fin de año, acciones que continuarán con el fin de obtener mejoras salariales. En ese marco el sindicato se puso a disposición de las demas organizaciones en caso de conflictos.

Generación de empleo
En ese contexto, el jefe comunal expuso que "el problema de la crisis petrolera afecta a toda la provincia del Chubut y, puntualmente a Comodoro Rivadavia pero más allá de esto la decisión es acompañar a todos los sindicatos en las problematicas planteadas en particular en la generación de nuevas fuentes de trabajo".

"Nuestra ciudad necesita crear más fuentes de trabajo porque aún tenemos gente con necesidades insatisfechas", indicó y reafirmó el apoyo incondicional a los trabajadores, señalando que "para mí no hay empleados de primera o segunda y por eso al trabajador comodorense, lo defiendo como tal".

Estado de situación
María Marta Rosseaux indicó que la reunión con el intendente fue "positiva, ya que nos manifestó que va a salir en defensa de todos los trabajadores. No obstante, mientras no haya conflicto y no se toque un trabajador, no podemos adelantarnos".

Por su parte, el referente sindical de los trabajadores del correo Juan Carlos Ovando manifestó que "Fue una reunión más que productiva y esperamos que sea el comienzo de un trabajo conjunto. En Comodoro Rivadavia no hay mayores inconvenientes porque el personal es el adecuado para la prestación del servicio desde nuestros gremios", concluyó.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual:El gobierno de Macri sigue sin acatar lo establecido por la justicia

El gobierno macrista presentó el miércoles 13 un escrito para responder a la resolución de jueces federales que dispusieron la suspensión transitoria de los decretos con los cuales modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del grupo Clarín, después de haber permanecido durante al menos 24 horas sin haber cumplido las sentencias.

   Ahora, los dos magistrados que aceptaron la denuncia de inconstitucionalidad de los decretos, porque modificaron leyes sin pasar por el Congreso con el alegato de "necesidad y urgencia", deben examinar los argumentos gubernamentales y adoptar una nueva determinación.

   El Poder Ejecutivo realizó este trámite el miércoles 13 pero no presentó apelación, lo que desmiente lo informado por el diario Clarín y repetido horas después por el presidente Mauricio Macri en una rueda de prensa.

   En tanto, se registraron más presentaciones o ampliaciones de denuncia contra los representantes del gobierno que el martes 12 y el miércoles 13 no acataron los fallos judiciales de suspensión transitoria de los decretos.

    Los amparos habían sido aceptados por el juez federal número 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Garbarino, y por la jueza federal número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns.

   Garbarino respondió así a una presentación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Forns lo hizo respecto de la acción interpuesta por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la emisora FM En Tránsito, 93.9, y la revista Güarnin!, en el oeste del Gran Buenos Aires.

   Ante el no cumplimiento de los fallos, ambos magistrados enviaron secretarios a la sede de AFSCA, el martes 12, para reiterar la notificación de sus resoluciones.

   Los jueces requirieron al Poder Ejecutivo que fundamentaran la "necesidad y urgencia" para los decretos con los cuales el gobierno macrista disolvió AFSCA y AFTIC, creó un organismo nuevo para atribuirse a sí mismo toda la discrecionalidad para tomar decisiones en el campo audiovisual y además extendió, a favor de Clarín, la cantidad de emisoras de radio y televisión que pueden tener las empresas privadas, entre otras medidas.

   Al responder a ese requerimiento de explicaciones sobre los motivos de la "necesidad y urgencia", el Poder Ejecutivo obtuvo la suspensión de las resoluciones de los jueces, pero no es cierto, como dijeron Clarín y Macri, que hubiera presentado una apelación y que con ella las medidas cautelares quedaban extinguidas.

   Ahora, los jueces Garbarino y Forns deben estudiar los argumentos gubernamentales: si quedan satisfechos, desestimarán el amparo. De lo contrario, abrirán una cautelar para que se dé la discusión de fondo sobre la constitucionalidad o no de los decretos objetados.

   Algunos abogados especialistas en comunicación consideraron altamente probable que ambos jueces dispongan una medida cautelar firme, diferente a la transitoria del lunes 11, y que con ello la controversia judicial se alargará, por un plazo difícil de determinar pero en cuyo transcurso el gobierno deberá retirarse de los organismos que ocupó respaldándose en fuerzas policiales, AFSCA y AFTIC, salvo que incumpla otra vez las sentencias judiciales.

    El presidente desplazado de AFSCA, Martín Sabbatella, denunció el miércoles ante la jueza Forns al gobierno por incumplimiento de fallo judicial, un delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

   Patricio Enciso, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, informó el miércoles 13 por la noche que la entidad notificó al mismo juzgado que su disposición anterior no fue acatada por el Poder Ejecutivo.

   Simultáneamente, se esperaban resoluciones de jueces por otros amparos presentados por organizaciones o emisores afectados por las decisiones del gobierno.

   Enciso explicó que la cooperativa se apresta a cumplir treinta años de actividad y que "desde el primer día peleamos por concebir la comunicación como un derecho y no como una mercancía", junto con otras organizaciones sociales, sindicatos, universidades, pueblos originarios y muchos otros sectores.

   Añadió que sin ese derecho "no se puede pensar en el ejercicio de una democracia plena. Lo que hacemos con este amparo es defender los más de treinta años de lucha por ese derecho".

BUENOS AIRES (13.1.16, 23.45 hs)-

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Santa Cruz: Sindicato de Prensa advirtió hace 2 años el vaciamiento de las empresas de Lázaro Báez

Durante todo 2014, y parte de 2015, el Sindicato de Prensa de Santa Cruz (SIPREN SC) denunció que el Multimedios de Lázaro Báez que agrupa a diario Prensa Libre, Magna FM, resumen de noticias Clipping y Portales Web iniciaba su proceso de desmantelamiento mediante el despido de trabajadores sin motivo alguno, pago de salarios fuera de tiempo y forma, incumpliendo Convenios Colectivos y encuadre, falta de pago de aportes jubilatorios y obras sociales.

El Multimedio está incluido dentro del organigrama de empresas de la construcción de Báez.

Los reclamos incluyeron el despido sin ningún motivo, y en contra de todas las leyes laborales nacionales y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Secretario General del SIPREN SC, Alberto Barría, realizado el 1 de mayo de 2014, que atentó contra la libertad sindical.

Esto no fue sólo declarativo, ya que el Sindicato acudió a la secretaria de Estado y Trabajo en decenas de oportunidades para denunciar todos los incumplimientos de la empresa que afectó directamente a los trabajadores de prensa, y cuyo medio depende comercialmente y casi exclusivamente de las ganancias de las empresas de la construcción que hasta la fecha adeudan los salarios de diciembre y segunda cuota del aguinaldo a los más de 1.800 obreros que tienen en Santa Cruz.

SIPREN SC se reunió con trabajadores de Radio Nacional a los que todavía no se les renovó contrato

El Sindicato de Prensa de Santa Cruz (SIPREN SC) se reunió con trabajadores de Radio Nacional El Calafate quienes todavía no cuentan con la garantía de continuar con sus puestos laborales.

Dichos trabajadores vienen cumpliendo tareas de manera efectiva desde 2011, como monotributistas, renovando anualmente el vínculo laboral. Según argumentaron -como ha sido habitual en los últimos años-, en diciembre de 2015, firmaron su contrato para el año entrante, aunque hasta el momento no han tenido ninguna información formal al respecto, por lo que debieron cesar su trabajo durante la última semana.

En el marco de la asunción del nuevo Gobierno Nacional, se emitió el decreto Decreto 254/15 "Procesos Concursales y de Selección de Personal. Revisión", que establece la revisión de los contratos de quienes forman parte de la administración pública nacional, entes autárquicos y Sociedades del Estado, encontrándose dentro de ellos Radio y Televisión Argentina (RTA SE) de la cual depende la emisora radial de El Calafate.

El decreto del Ejecutivo, establece entre otros puntos, revisar "las contrataciones de personal efectuadas en dichos Ministerios u organismos, durante los últimos TRES (3) años" y la renovación "por el plazo de TRES (3) meses las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25.164, celebradas por primera vez durante los años 2013, 2014 o 2015", mientras dure dicho procedimiento.

Por otra parte se establece, en su artículo 7, la renovación "hasta el 31 de diciembre de 2016 las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, cuyo primer contrato fue celebrado con anterioridad al año 2013".

Los trabajadores cesados de Radio Nacional, sin embargo, que han trabajado en una precaria condición de contratados desde 2011, no han sido incluidos en ninguna de las variantes que se establecen, quedándose sin ninguna respuesta por parte de las autoridades y sin ninguna certidumbre sobre su futuro laboral.

Desde el Sindicato de Prensa de Santa Cruz, se solicita a quien corresponda que pueda observar la situación de los trabajadores, así como también, se anuncia que se procederá a instrumentar las medidas correspondientes para que obtengan una respuesta formal sobre su situación laboral.

DOS FALLOS FRENAN DECRETOS DE MACRI CONTRA LA LEY 26.522

La modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto del gobierno macrista fue frenada transitoriamente por dos jueces federales, que mandaron mantener en suspenso los efectos de todas las normas impuestas por el Poder Ejecutivo hasta que se dirima la cuestión de fondo.

   Hasta las primeras horas de la noche del lunes 11 de enero las autoridades gubernamentales no habían reaccionado en público ante estas medidas judiciales y estaba pendiente de verificación si las acatarán o no, tomando en cuenta el precedente de lo ocurrido con el juez platense Luis Arias.

   Este magistrado había dictado una medida precautelar de suspensión de los decretos que intervinieron y disolvieron AFSCA y AFTIC, que luego fue revocada por un juez federal de la capital bonaerense, pero mientras estuvo vigente su sentencia el gobierno simplemente la desconoció, lo que puede ameritar la apertura de otros procesos.

   En una jornada de conmoción por el despido intempestivo del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental, comunicada a 15 minutos de comenzar su programa diario, hecho que se inscribe en los ataques sucesivos a la libertad de expresión que se viven en el país, los fallos de los jueces fueron la nota contrastante.

   Igual que los funcionarios, hasta la noche del lunes los principales medios pro gubernamentales, Clarín y La Nación, no habían publicado su postura sobre el tema. Una nota informativa breve estaba disponible en el portal de La Nación, el diario que fue anticipando puntillosamente el contenido del decreto 267/15, que modificó en especial a favor de Clarín varias de las disposiciones de la Ley 26.522.

   La decisión de los jueces federales, si fuera acatada por el gobierno, implica la reposición de las autoridades legítimas de AFSCA y AFTIC, encabezadas por Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.

    Los amparos fueron aceptados por el juez federal número 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Garbarino, y por la jueza federal número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns.

   Garbarino respondió así a una presentación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Forns lo hizo respecto de la acción interpuesta por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la emisora FM En Tránsito, 93.9, del oeste del Gran Buenos Aires.

   Con ambas decisiones quedan sin efecto transitoriamente los decretos 13/15, 236/15 y 267/15, todos ellos destinados a desarticular a los organismos del sector audiovisual constituidos con representación plural y federal, para dejar al que lo reemplazó, Ente Nacional de Comunicación, bajo el manejo discrecional del Ejecutivo.

    Sergio Zurano, quien venía desempeñándose como director nacional de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA hasta la irrupción gubernamental, declaró que según lo dispuesto por ambos magistrados, el organismo "vuelve a integrarse con el directorio plural que preside Martín Sabbatella, todos los despedidos por la intervención vuelven a sus lugares de trabajo, quedan sin efecto todas las medidas tomadas por la ilegal intervención, se disuelve el Enacom y se retrotrae todo lo dispuesto por su titular Miguel de Godoy".

   Lo mismo concierne, agregó, a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).

   La Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social dijo en un comunicado que la jueza Forns dio al Poder Ejecutivo tres días de plazo para presentar la fundamentación de las medidas que adoptó.  

   Su fallo expresa que "con el dictado de los decretos se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo y se ha violentado el artículo 165 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual". Asimismo, citó para sus fundamentos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había declarado la constitucionalidad integral de la norma.

   Las "circunstancias de excepcionalidad" que la Constitución exige para que el Ejecutivo modifique una ley por decreto no están dadas en el caso, agregó.

   El gobierno fue notificado durante la tarde del lunes 11 sobre ambos fallos. Se esperaba para el martes 12, en consecuencia, que anunciara si acata o no ambas sentencias, en un día marcado por la convocatoria a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país para protestar por el despido intempestivo de Víctor Hugo Morales y por el retroceso que en general se observa en el país en la vigencia de la libertad de expresión desde que asumió el nuevo gobierno.

(BUENOS AIRES, 11.1.16, 22 hs.)
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Ataque a la libertad de expresión: censuran a Víctor Hugo Morales

El Sindicato de Prensa repudia el despido del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental de Buenos Aires, en el momento en que llegaba a realizar su programa.

 En un comunicado, la empresa le adjudicó al periodista "incumplimientos" de su contrato, sin dar ninguna precisión.

El SIPRENCR coincide con los conceptos de COMUNA que considera que el despido de Víctor Hugo se inscribe en una ofensiva brutal contra la libertad de expresión, desatada desde el momento en que Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales, cuando comenzaron las amenazas de sus colaboradores, con frases como "desde el 10 de diciembre te quedás sin trabajo", dirigidas en público a periodistas por el hecho de difundir informaciones y opiniones que no son del gusto del nuevo gobierno.

   Esto se suma al avasallamiento de los derechos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la censura a comunicadores y espacios de actualidad aplicada en medios públicos y las campañas de desprestigio contra periodistas montadas en medios privados afines al gobierno, que recibieron copias de documentación sustraída de Radio y Televisión Argentina por las autoridades recién llegadas.

   Hace varios años que Víctor Hugo Morales viene siendo objeto de ataques sucesivos del grupo Clarín, sostén y artífice del triunfo electoral de Mauricio Macri y ahora convertido, al menos temporalmente, en diario ultraoficialista.

   Esa persecución incluyó campañas de denigración, datos falsos sobre los ingresos que obtiene con su trabajo y hasta la difusión en público de su domicilio en el momento en que el sector del Poder Judicial al servicio de Héctor Magnetto allanaba su domicilio para evaluar sus bienes con vistas a una apropiación.

   El avasallamiento al derecho de tantos comunicadores a difundir sus informaciones y opiniones impone la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, como lo vienen solicitando numerosas organizaciones de la comunicación y lo pidió formalmente la Defensoría del Público.

Fuente Comuna

MÁS PEDIDOS A LA CIDH POR LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

(BUENOS AIRES, 10.1.16)- Numerosas organizaciones que luchan por la comunicación democrática se sumaron al pedido de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno macrista dispuso en beneficio directo del grupo Clarín, para que amplíe aún más su posición dominante.

   Respecto de esta situación, la Coalición por la Comunicación Democrática, que reúne a sindicatos, emisores comunitarios y pymes, cooperativas, pueblos originarios, universidades, entidades de género y por los derechos de las personas con discapacidad, entre otras, se mantiene en estado de asamblea permanente, para impulsar acciones en defensa de la Ley 26.522.

   Representantes de la Coalición comenzaron contactos con legisladores nacionales y gestionan audiencias con autoridades del Ejecutivo para presentar el reclamo de cumplimiento completo de la Ley.

   Preocupa en especial que la expansión de la cantidad de licencias de radio y televisión previsto por el decreto macrista para las empresas privadas derivará en un aumento de los niveles de concentración que se contrapone a los parámetros de una distribución equitativa del espectro radioeléctrico para todos los emisores.

   Además, la modificación de la ley por decreto arrasó con los organismos de conformación federal y multisectorial como AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, para montar una estructura que permite un manejo totalmente discrecional al Poder Ejecutivo, lo que se contrapone por completo a la Convención Americana, que la Argentina suscribe.

   Ante esto, organizaciones que componen la Coalición presentaron recursos judiciales para frenar las imposiciones gubernamentales y estudian recurrir a la Comisión Interamericana.

   A su vez, la Defensoría del Público informó oficialmente que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recibió el pedido del organismo para una reunión en la que se examine la situación.

   La Defensoría dijo en un informe que Lanza "ya había expresado su disconformidad" con la eliminación de la autonomía de los organismos del sector audiovisual, lo que se reflejó en declaraciones del funcionario al diario Buenos Aires Herald.

   Para su solicitud de intervención, la Defensoría recibió respaldo de varios sectores vinculados con la comunicación audiovisual, como asociaciones de radios universitarias, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo y la Organización Nacional Indígena.

   A propósito de esta misma situación, COMUNA envío a Lanza, el 30 de diciembre, una serie de artículos periodísticos y pronunciamientos que dan cuenta de la preocupación en el país por las acciones del gobierno. Ese material incluyó declaraciones a diversos medios periodísticos de los abogados especialistas en comunicación Damián Loretti y Graciana Peñafort.

   Asimismo, COMUNA informó al Relator Especial que reunió firmas de más de 4.600 personas que se pronunciaron contra el hecho de que el gobierno legisle por decreto en lugar de darle intervención al Congreso, como manda la Constitución.

   Ese petitorio expresa lo siguiente:

   Respeto integral a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

   Reapertura de AFSCA, respeto a sus autoridades legales y a sus trabajadores.

   Respeto a la Constitución: las leyes las elabora y modifica el Congreso, no el Poder Ejecutivo.

   Respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces.

   Que cesen las intimidaciones. No a la caza de brujas, a las listas negras y a las campañas de desprestigio de periodistas.

   El petitorio, con sus firmas, está disponible en www.comunanet.com.ar

EL DECRETO DE MACRI ES INCONSTITUCIONAL, DICE LA COALICIÓN

(Buenos Aires) La Coalición por la Comunicación Democrática expresó en un comunicado que el decreto 267 por el cual el gobierno macrista modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del Grupo Clarín es inconstitucional.

   Una asamblea de la Coalición, integrada por organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias, cooperativas, universitarias, de pequeñas y medianas empresas, de productoras audiovisuales, de género y de accesibilidad en comunicación, artistas, músicos y pueblos originarios, rechazó el decreto mediante el cual el gobierno pretende anular las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones Argentina Digital.

   "Es una acción de avasallamiento de las instituciones democráticas pocas veces vista en un gobierno elegido por los votos", dice un comunicado de la Coalición, del martes 5 de enero.

   "Con el nuevo decretazo se desconoce la voluntad de una ciudadanía que gestó con luchas y debates una ley que es modelo de leyes, por su construcción popular plural y federal. Argumentando una falsa necesidad y urgencia, se apunta al corazón de la ley 26.522, al modificar artículos que limitan los monopolios, al prorrogar las licencias y aumentar el límite de licencias en un solo operador, permitir las transferencias de medios excepto para los sin fines de lucro, desregular el cable, eliminar las cuotas de contenidos local, propio y nacional", agrega.

   La Coalición denuncia que el decreto "lesiona gravemente el derecho humano a la comunicación y al ejercicio pleno de la libertad de expresión de cada uno de los habitantes de este país".

   Esta acción del gobierno determinó una denuncia por incumplimiento de orden judicial y presunta falsedad ideológica contra el presidente, Mauricio Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. La presentación fue realizada en el juzgado federal 3 de La Plata, donde el juez local Luis Arias había adoptado el 30 de diciembre una medida precautelar para que el gobierno no modifique leyes por decreto.

   El Poder Ejecutivo incumplió esta decisión judicial con la artimaña de imponerle al decreto fecha del 29 de diciembre, cuando Peña dijo en conferencia de prensa, al día siguiente, que el instrumento estaba por ser firmado. Además, Macri estaba de vacaciones.

   El juzgado platense en turno durante la feria de enero, cuyo titular es Ernesto Kreplak, recibió una ampliación de denuncia del delegado regional de AFSCA, Luis Guerín, por el no acatamiento a la sentencia precautelar de Arias.

   La aprobación del decreto 267 determinó además que la Defensoría del Público recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la ampliación a favor de Clarín de los márgenes de concentración de medios audiovisuales se contrapone con la Convención Americana, que la Argentina suscribe.

   En efecto, ese instrumento establece que la concentración es contraria a la libertad de expresión.

   La Defensoría informó que desde que el gobierno macrista viene adoptando sucesivos decretos para desarticular los organismos de la Ley 26.522 y modificarla sin recurrir al Congreso recibe presentaciones y reclamos de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones de diversa índole, por la afectación a la libertad de expresión y a la circulación libre de informaciones y opiniones.

Santa Rosa:SIPREN reclama reincorporación de Trabajadores de Radio Municipal

El Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur (SIPREN) rechaza el despido de tres trabajadores de la Radio Municipal de Santa Rosa. Pedimos la continuidad de los contratos de estos trabajadores, ante la definición adoptada por las más altas autoridades comunales que la programación de esa emisora proseguirá durante esta gestión.

El SIPREN nunca acordó con las modalidades de empleo precario, y por eso pretendemos también que luego de reincorporar a los trabajadores, podamos participar de un análisis serio y responsable junto al municipio, sobre la necesidad de jerarquizar como corresponde la actividad periodística y comunicacional en los medios públicos.

La irresponsabilidad y el uso del empleo público como moneda de pago de favores partidarios, han provocado un actual estado de cosas que nos coloca a todos los sectores en una encrucijada. Pero la salida debe ser frontal, sincera y consensuada. La gestión que dejó una comuna y una capital provincial devastada fue repudiada por la sociedad a través de las expresiones de los ciudadanos en los medios y en los procesos electorales.

En el caso de Radio Municipal Santa Rosa, su conformación y la continuidad que imagina la actual gestión, nos alienta a reclamar y exigir que los trabajadores se mantengan en sus lugares. Se desempeñan allí solamente seis trabajadores (cinco de ellos mediante contratos mensuales), una estructura razonable y modesta que resulta imprescindible para cumplir con esa voluntad de continuidad, aun con otros formatos y orientaciones de contenidos.

Nuestro sindicato exige que los puestos de trabajo que genera la actividad, tanto en lo privado como en lo estatal, sean respetados. Expresamos nuestra postura al diálogo y al intercambio, pero el punto de partida debe ser el sostenimiento de la fuente laboral. Sin perjuicio de nuestro apoyo incondicional a la resistencia de los trabajadores de prensa de Radio Municipal y más allá de la férrea determinación de luchar por su reincorporación hasta las últimas consecuencias, celebramos el inicio de conversaciones con las autoridades municipales que entendieron la particularidad situación de los trabajadores del área de Radio Municipal, que tienen tareas y funciones específicas. Esta decisión abre un espacio para el aporte mancomunado desde todos los sectores involucrados y nos alienta a ser optimistas en cuanto a encontrar rápidamente una solución a este conflicto.