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Por: Silvina Molina*
Cimacnoticias | Buenos Aires.- 06/02/2014
La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM), dependiente del Ministerio de Justicia argentino, informó que el 87 por ciento de los diarios locales no publican anuncios de ese tipo tras la prohibición de 2011 decretada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fin de combatir la trata de personas.
A su vez, el organismo encargado de hacer cumplir la norma confirmó que aportó información en 64 causas judiciales y realizó 84 denuncias penales sobre el delito.
Los datos se conocieron esta semana, a la par que la jefa de fiscales nacional, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dictaminó que prohibir los avisos de oferta sexual en los medios de comunicación “no afecta” la libertad de expresión.
En julio de 2011, en un acto público con masiva presencia de organizaciones de mujeres y periodistas que trabajan con enfoque de género, la presidenta argentina anunció la firma del decreto 936 que declara ilegal este tipo de anuncios en los medios.
El objetivo es “prevenir la trata de personas, erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres”. Desde ese momento se creó la OM, a cargo de Chantal Stevens.
Además de revisar 103 periódicos nacionales, páginas de internet y avisos en vía pública, la oficina recibe denuncias e impone o requiere sanciones cuando los medios no cumplen la normativa.
Desde que se dictó el decreto se realizaron 115 actuaciones sobre los medios, lo que ha generado “un descenso “del promedio diario de publicaciones en infracción, resaltó la titular de la OM.
Aún quedan 13 diarios que siguen infringiendo la ley, según la información oficial. En la OM hablan de “presunta” infracción, ya que allí se analizan todos los avisos que resultan sospechosos, pues casi no quedan anuncios explícitos. “Son todos engañosos”, dijo Stevens.
En los medios argentinos el denominado rubro 59 de avisos clasificados era el que tradicionalmente ofertaba sexo, y ante la prohibición fueron cambiando con pedidos de “señoritas”, “recepcionistas” y “promotoras” en el rubro 37, o bien como servicios de “masajes” en el 47 y de “solos y solas” en el 56.
Quienes siguen resistiendo la medida “son los grandes grupos de medios, los de mayor tirada del país, que concentran el mayor porcentaje de avisos en presunta infracción, esto es el Grupo Clarín y sus diarios Clarín, La Razón, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, el deportivo Olé y Muy, que concentran el 46 por ciento de los avisos publicados, explica la funcionaria.
CONSTITUCIONALIDAD
Si bien antes de la decisión de Fernández de Kirchner algunos medios habían decidido dejar de recibir clasificados de oferta sexual como parte de sus políticas de responsabilidad social, otros, como el diario Río Negro, de cobertura en la Patagonia argentina, presentó un recurso judicial solicitando que se declare inconstitucional el decreto presidencial.
La medida fue rechazada por los tribunales, postura que reforzó ahora la procuradora Gils Carbó, quien dictaminó que “el interés del Estado en combatir la trata de personas y la violencia y discriminación de la mujer prevalece sobre el interés en la difusión de información comercial”.
Además consideró que “las restricciones al discurso comercial no ponen en peligro el proceso de la legitimación democrática, sino que sólo regulan la circulación de información de este tipo”.
AQUI LA NOTA COMPLETA
nota vinculada: http://www.fatpren.org.ar/noticias/fatpren-lanzo-la-campana-no-a-la-trata-y-el-proxenetismo.html
COMUNICADO PUBLICADO POR EL SIPRENCR - 7 de julio de 2011
El Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia repudia la decisión
de empresas periodísticas, como el diario Río Negro, que continúa publicando
avisos de prostitución, en contra de lo establecido por el Decreto Presidencial
Nº 936/2011, que prohíbe “los avisos que
promueven la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la
solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con el
fin de prevenir el delito de Trata de Personas”.
A su vez, el organismo encargado de hacer cumplir la norma confirmó que aportó información en 64 causas judiciales y realizó 84 denuncias penales sobre el delito.
Los datos se conocieron esta semana, a la par que la jefa de fiscales nacional, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dictaminó que prohibir los avisos de oferta sexual en los medios de comunicación “no afecta” la libertad de expresión.
En julio de 2011, en un acto público con masiva presencia de organizaciones de mujeres y periodistas que trabajan con enfoque de género, la presidenta argentina anunció la firma del decreto 936 que declara ilegal este tipo de anuncios en los medios.
El objetivo es “prevenir la trata de personas, erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres”. Desde ese momento se creó la OM, a cargo de Chantal Stevens.
Además de revisar 103 periódicos nacionales, páginas de internet y avisos en vía pública, la oficina recibe denuncias e impone o requiere sanciones cuando los medios no cumplen la normativa.
Desde que se dictó el decreto se realizaron 115 actuaciones sobre los medios, lo que ha generado “un descenso “del promedio diario de publicaciones en infracción, resaltó la titular de la OM.
Aún quedan 13 diarios que siguen infringiendo la ley, según la información oficial. En la OM hablan de “presunta” infracción, ya que allí se analizan todos los avisos que resultan sospechosos, pues casi no quedan anuncios explícitos. “Son todos engañosos”, dijo Stevens.
En los medios argentinos el denominado rubro 59 de avisos clasificados era el que tradicionalmente ofertaba sexo, y ante la prohibición fueron cambiando con pedidos de “señoritas”, “recepcionistas” y “promotoras” en el rubro 37, o bien como servicios de “masajes” en el 47 y de “solos y solas” en el 56.
Quienes siguen resistiendo la medida “son los grandes grupos de medios, los de mayor tirada del país, que concentran el mayor porcentaje de avisos en presunta infracción, esto es el Grupo Clarín y sus diarios Clarín, La Razón, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, el deportivo Olé y Muy, que concentran el 46 por ciento de los avisos publicados, explica la funcionaria.
CONSTITUCIONALIDAD
Si bien antes de la decisión de Fernández de Kirchner algunos medios habían decidido dejar de recibir clasificados de oferta sexual como parte de sus políticas de responsabilidad social, otros, como el diario Río Negro, de cobertura en la Patagonia argentina, presentó un recurso judicial solicitando que se declare inconstitucional el decreto presidencial.
La medida fue rechazada por los tribunales, postura que reforzó ahora la procuradora Gils Carbó, quien dictaminó que “el interés del Estado en combatir la trata de personas y la violencia y discriminación de la mujer prevalece sobre el interés en la difusión de información comercial”.
Además consideró que “las restricciones al discurso comercial no ponen en peligro el proceso de la legitimación democrática, sino que sólo regulan la circulación de información de este tipo”.
AQUI LA NOTA COMPLETA
nota vinculada: http://www.fatpren.org.ar/noticias/fatpren-lanzo-la-campana-no-a-la-trata-y-el-proxenetismo.html
COMUNICADO PUBLICADO POR EL SIPRENCR - 7 de julio de 2011
Estas empresas periodísticas que se amparan en
la “Libertad de Expresión”, para continuar recaudando fondos a costa del
sufrimiento de las personas, merecen el repudio de las organizaciones sociales
que desde hace años militamos contra este tipo de prácticas delictivas.
Cabe recordar que el decreto, fue firmado en
el marco de la lucha contra la trata de personas pero también en cumplimiento
de la Ley 26.485
de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
conocida como Ley de Violencia de Género y que, en consonancia con la Convención de Belém do
Pará, protege los derechos humanos de las mujeres en lo relativo a gozar de una
vida libre de violencias.
A CUALQUIER PRECIO
En el caso del diario Río Negro, -según la
presentación efectuada ante la
Justicia- el viernes pasado, la disposición presidencial
"se enmarca en un paternalismo estatal intolerable en una sociedad moderna
y democrática", ya que a su juicio "el Estado no puede imponer
modelos de vida, ni incidir en la libre elección de nuestros consumos, sean
éstos los que fueren". Pero además sostiene que: "en la República Argentina
no se prohíbe cobrar por sexo, si la decisión de quien ofrece el servicio es
libre y consentida; por lo tanto, la publicidad de esos servicios es
perfectamente lícita". Desde la lógica capitalista, en la que prevalece el
sentido de la ganancia, por sobre los valores, esta empresa periodística, prefiere
defender a los consumidores y garantizar sus derechos, a costa de la
explotación que alcanza a mujeres y niñas, en su mayoría. Pero además sustenta
su argumento en quienes pueden “decidir” ofrecer el servicio de prostitución,
ignorando para su beneficio que la trata se sustenta en el uso de la coerción a
través de la violencia.
LAS VICTIMAS
La trata de personas constituye un fenómeno
global, más de 130 países han reportado casos, siendo una de las actividades
ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto
y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)
millones de personas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la
trata de personas (para explotación sexual o laboral).
En este contexto se debe indicar que Patagonia
es uno de los principales corredores de mujeres victimas de la trata. La ruta
del petróleo y la pesca, en la que se destacan ciudades tales como la Neuquén –uno de las
ciudades donde se distribuye diario Río Negro-, Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia, Puerto Deseado y Río Gallegos, mereció varias denuncias de
organizaciones sociales e instituciones.
ACCIONES CONTRA LA TRATA
En 1995, durante la Conferencia Mundial
de la Mujer de
Beijing, al momento de analizar los escenarios de desigualdad social y acciones de
discriminación hacia las mujeres, se concluyó que los medios de comunicación
integran una de las doce áreas prioritarias de incidencia y necesidad de
política pública. En Beijing se planteó la necesidad de eliminar las imágenes
estereotipadas y sexistas de las mujeres en los medios y la importancia de que
ocupen espacios como hacedoras, sobre todo en los cargos directivos a los que
tanto les cuesta llegar.
Desde entonces transcurrieron varios años, y
en Argentina no se tomaron medidas hasta 2009, año en el que se sancionó la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones personales. En la misma se define la violencia
simbólica y a la violencia mediática como una de sus formas de manifestación.
Cinco meses después la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual incorporó sanciones para quienes
reproduzcan y generan contenidos sexistas en la radio y televisión.
En septiembre de 2010 este Sindicato participó como miembro de Fatpren en la campaña
"No a la Trata
y el Proxenetismo" en los medios cuestionando a las empresas periodísticas
que con frecuencia se refieren a la trata de personas como meros hechos
periodísticos, obviando su rol de actores sociales y políticos, con el fin de
obtener miles de pesos al año promoviendo desde sus páginas la prostitución y
otros servicios sexuales.
Claramente las políticas públicas deben ser
amplias y alcanzar a los distintos sectores del gobierno y la justicia, sólo
así se podrá avanzar hacia la eliminación de un delito de tal magnitud como la
esclavitud de personas. Sin duda se trata de una lucha, que requiere también
acciones desde el campo de lo simbólico, dado que la violencia de género se
arraiga ante la naturalización y el consenso social. Las mujeres vistas como
objetos, y en su calidad de mercancía es la representación naturalizada que
queremos erradicar y por ello celebramos la aplicación del decreto 936, con la
confianza de que se constituye en un paso más hacia la erradicación de la
violencia.
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