domingo, 23 de febrero de 2014

Pampa del Indio: periodista imputada por cubrir desalojo de una familia indígena

En octubre de 2010 Diana Della Bruna, periodista de 25 años, trabajadora del Instituto de Cultura Popular (InCuPo), cubrió el desalojo sorpresivo a una familia indígena de la localidad de Pampa del Indio. Días después, recibió una notificación de la fiscal de General San Martín, Gladys Acosta de Scarel, que la imputaba de "partícipe necesaria del delito de coacción agravada y atentado a la autoridad".
 
 
Nota_d84b0022150d82f0e26436fe6da4dfa7Pampa del Indio: una periodista imputada por cubrir un violento desalojo
El 15 de octubre de 2010, a las 6 de la mañana, la familia indígena Adriani-Berdún, que históricamente vivió en el Paraje El Rincón de Pampa del Indio, recibió la inesperada visita de la fiscal Scarel acompañada por más de cuarenta policías. Sin previo aviso, violando lo estipulado por la Ley, se dispusieron a desalojar a la familia del predio, indica una nota publicada por la Agencia Periodística Timbó. 
 
La periodista Diana Della Bruna y dirigentes indígenas de diferentes organizaciones sociales, enterados de los hechos, se hicieron presentes en el lugar en conflicto, pero el desalojo había terminado. Sólo había quedado el personal policial custodiando el predio. Della Bruna registró y fotografió el diálogo entre dirigentes y policías. La intención de los movimientos sociales era que la policía se retirara del lugar, considerando que su trabajo estaba terminado y que era de extrema violencia contra la familia permanecer allí. La policía quería quedarse custodiando el lote.
 
Tras la discusión y sin enfrentamiento físico, la policía se retiró y los dirigentes le pidieron a la periodista que ingresara al campo a sacar fotografías de los destrozos producidos por las fuerzas de seguridad en el desalojo. Un rancho de barro derribado, los postes de un corral cortados al ras, chapas y colchones hechos un solo montón retorcido eran los restos de la casa de unos de los hermanos, que se amontonaban junto a la casa de la madre, espantada por lo que había sucedido.
 
Diana Della Bruna escribió entonces un artículo de denuncia sobre el hecho. Un artículo sobre lo que vio, sobre lo que pasó: “Irregularidades en intento de desalojo a una familia indígena”. Una nota que es una más sobre las violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos Indígenas. Una nota más sobre la flagrante violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la Constitución Nacional. Sobre la violación al Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Una nota sobre la violación a la Ley 26.160 de Reordenamiento Territorial, que prohíbe los desalojos a las familias indígenas.
 
Después le tocaría a Della Bruna recibir la notificación de que se la criminalizaba por ejercer el derecho de todo ciudadano y de todo periodista, el derecho a la libertad de expresión, amparado por el Artículo 32 de la Constitución Nacional.
 
El derecho a observar, registrar, informar y expresarse libremente sobre hechos que corresponden a la esfera pública. Si el accionar de los poderes que conforman nuestra República fuera reprobable, violatorio de los derechos y leyes vigentes, el deber de todo ciudadano y, más aun de todo periodista, sería denunciarlo públicamente y no ser imputado penalmente por ello. Este caso de criminalización es uno más en Argentina. Es un caso más de persecución judicial a los periodistas que buscan que el Estado de Derecho se cumpla plenamente. 
 
 
 
Ab. Gonzalo Leandro Garcia Veritá
MP. 5776 STJCh Fº 494 TXIII
SCJN Tº100 Fº760
Derechos Humanos
Dr. Vazquez 513  - Castelli - Chaco
H3705AKM  - Cel. 0364 15 440 21 70
Tel/Fax. 0364 4471 884

martes, 18 de febrero de 2014

La FIP publica su informe completo sobre personal de los medios y periodistas asesinados en 2013

Bajo el título "En peligro mortal: periodistas y personal de los medios asesinados en 2013", este informe ofrece información sobre 105 periodistas y empleados de los medios de comunicación que perdieron sus vidas en ataques selectivos, por explosiones de bombas y en incidentes de fuego cruzado. También expresa su preocupación por la quiebra de la seguridad en todo el planeta. Asimismo, actualiza los hechos al relatar 15 muertes accidentales, relacionadas con la profesión, y que tuvieron lugar el último año.

Al documentar la situación precaria, a menudo brutal, que afrontan los periodistas que informan desde zonas de conflicto, guerras y áreas de inestabilidad política, el informe de la FIP muestra que las regiones más mortíferas para los periodistas, en 2013, fueron Asia-Pacífico, con el 29% de esos crímenes, y Oriente Medio y el Mundo Árabe, con el 27%. Los países más peligrosos para el personal de los medios fueron Siria, Filipinas, Pakistán, Irak y la India.

El informe se adentra en la situación de la libertad de prensa en Oriente Medio y el Mundo Árabe, Asia-Pacífico, Europa, África y América Latina. Asimismo, subraya los persistentes riesgos para la seguridad de las mujeres periodistas y el apoyo ofrecido por la FIP a través de su Fondo de Solidaridad para el personal de los medios y los periodistas que se encuentran en estado de necesidad.

"El nivel de muertes violentas en los medios durante 2013 confirma el desprecio negligente de los gobiernos a la hora de alcanzar a los responsables de dicha violencia contra los periodistas. Esos desemboca en el arraigo de una cierta cultura de la impunidad que incide en ataques añadidos a los profesionales de los medios", asegura el informe.

"Estamos ante una necesidad urgente: los gobiernos tienen que proteger y asegurar el derecho elemental a la vida de los periodistas. Los gobiernos de todo el mundo tienen que emprender acciones drásticas que atajen de raíz el baño de sangre de los medios de comunicación".

Leer el informe: En peligro mortal: periodistas y personal de los medios asesinados en 2013


Oficina Regional
Federación Internacional de Periodistas

sábado, 15 de febrero de 2014

Embajada Italiana premia a periodistas argentinos

La Embajada italiana en la Argentina anunció un premio para periodistas argentinos, del que podrán participar profesionales residentes en el país con trabajos editados en diarios, revistas e importantes portales de Internet.
Serán admitidos al concurso artículos relativos a la imagen de Italia, su actualidad, cultura, historia y tradiciones o temas vinculados con las relaciones italo-argentinas.
El premio será asignado por un jurado de periodistas profesionales de ambos países y consiste en un viaje informativo en Italia realizado en colaboración con el Ente Nazionale del Turismo Italiano. Los detalles del viaje serán acordados con el ganador.
Los artículos deberán llegar en doble ejemplar a la Embajada de Italia (Billinghurst 2577 - Buenos Aires, “Premio Italia”) antes del 30 de septiembre. Para más información llamar al 4011-2104 /2105 o escribir a Stampa.buenosaires@esteri.it

martes, 11 de febrero de 2014

SINDICATO DE PRENSA NECOCHEA Y ZONA REPUDIA AGRESION A PERIODISTA

El Sindicato de Prensa de Necochea y Zona (SiPreNe), adherido a la FATPREN repudia el acto de agresión del que fué víctima el periodista Mario Alberto Quevedo, el 1º de Febrero del corriente año, mientras trabajaba en la cobertura de un partido de... fútbol que se disputó en la cancha de Sportivo San Cayetano, entre este club y su par de primera división Deportivo La Dulce.

Quevedo, que trabaja para la emisora FM 93.5 “La Radio” de Necochea, denunció en la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, el ataque del jugador del Deportivo La Dulce, al que reconoció como Fernando Abadie, quien luego de expresar improperios al finalizar el partido, lo agredió físicamente con golpes de puño hasta dejarlo tirado en el piso.

Este sindicato, además de repudiar la actitud agresiva, se solidariza con el periodista Quevedo.

Alberto Fructuoso Oscar Gollnitz Marcelo Giordano
Sec. Gremial Sec. Adjunto Sec. General

viernes, 7 de febrero de 2014

Pese a resistencias, avanza combate a trata en prensa argentina

87 por ciento de diarios no publica anuncios de comercio sexual

Imagen retomada del sitio adpc.cat
Por: Silvina Molina*
Cimacnoticias | Buenos Aires.- 06/02/2014
La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM), dependiente del Ministerio de Justicia argentino, informó que el 87 por ciento de los diarios locales no publican anuncios de ese tipo tras la prohibición de 2011 decretada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fin de combatir la trata de personas.

A su vez, el organismo encargado de hacer cumplir la norma confirmó que aportó información en 64 causas judiciales y realizó 84 denuncias penales sobre el delito.

Los datos se conocieron esta semana, a la par que la jefa de fiscales nacional, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dictaminó que prohibir los avisos de oferta sexual en los medios de comunicación “no afecta” la libertad de expresión.

En julio de 2011, en un acto público con masiva presencia de organizaciones de mujeres y periodistas que trabajan con enfoque de género, la presidenta argentina anunció la firma del decreto 936 que declara ilegal este tipo de anuncios en los medios.

El objetivo es “prevenir la trata de personas, erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres”. Desde ese momento se creó la OM, a cargo de Chantal Stevens.

Además de revisar 103 periódicos nacionales, páginas de internet y avisos en vía pública, la oficina recibe denuncias e impone o requiere sanciones cuando los medios no cumplen la normativa.

Desde que se dictó el decreto se realizaron 115 actuaciones sobre los medios, lo que ha generado “un descenso “del promedio diario de publicaciones en infracción, resaltó la titular de la OM.

Aún quedan 13 diarios que siguen infringiendo la ley, según la información oficial. En la OM  hablan de “presunta” infracción, ya que allí se analizan todos los avisos que resultan sospechosos, pues casi no quedan anuncios  explícitos. “Son todos engañosos”, dijo Stevens.

En los medios argentinos el denominado rubro 59 de avisos clasificados era el que tradicionalmente ofertaba sexo, y ante la prohibición fueron cambiando con pedidos de “señoritas”, “recepcionistas” y “promotoras” en el rubro 37, o bien como servicios de “masajes” en el 47 y de “solos y solas” en el 56.

Quienes siguen resistiendo la medida “son los grandes grupos de medios, los de mayor tirada del país, que concentran el mayor porcentaje de avisos en presunta infracción, esto es el Grupo Clarín y sus diarios Clarín, La Razón, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, el deportivo Olé y Muy, que concentran el 46 por ciento de los avisos publicados, explica la funcionaria.

CONSTITUCIONALIDAD

Si bien antes de la decisión de Fernández de Kirchner algunos medios habían decidido dejar de recibir clasificados de oferta sexual como parte de sus políticas de responsabilidad social, otros, como el diario Río Negro, de cobertura en la Patagonia argentina, presentó un recurso judicial solicitando que se declare inconstitucional el decreto presidencial.

La medida fue rechazada por los tribunales, postura que reforzó ahora la procuradora Gils Carbó, quien dictaminó que “el interés del Estado en combatir la trata de personas y la violencia y discriminación de la mujer prevalece sobre el interés en la difusión de información comercial”.

Además consideró que “las restricciones al discurso comercial no ponen en peligro el proceso de la legitimación democrática, sino que sólo regulan la circulación de información de este tipo”.

AQUI LA NOTA COMPLETA

nota vinculada: http://www.fatpren.org.ar/noticias/fatpren-lanzo-la-campana-no-a-la-trata-y-el-proxenetismo.html


COMUNICADO PUBLICADO POR EL SIPRENCR  - 7 de julio de 2011

El Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia repudia la decisión de empresas periodísticas, como el diario Río Negro, que continúa publicando avisos de prostitución, en contra de lo establecido por el Decreto Presidencial Nº 936/2011,  que prohíbe “los avisos que promueven la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con el fin de prevenir el delito de Trata de Personas”.


Estas empresas periodísticas que se amparan en la “Libertad de Expresión”, para continuar recaudando fondos a costa del sufrimiento de las personas, merecen el repudio de las organizaciones sociales que desde hace años militamos contra este tipo de prácticas delictivas.


Cabe recordar que el decreto, fue firmado en el marco de la lucha contra la trata de personas pero también en cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, conocida como Ley de Violencia de Género y que, en consonancia con la Convención de Belém do Pará, protege los derechos humanos de las mujeres en lo relativo a gozar de una vida libre de violencias.

A CUALQUIER PRECIO


En el caso del diario Río Negro, -según la presentación efectuada ante la Justicia- el viernes pasado, la disposición presidencial "se enmarca en un paternalismo estatal intolerable en una sociedad moderna y democrática", ya que a su juicio "el Estado no puede imponer modelos de vida, ni incidir en la libre elección de nuestros consumos, sean éstos los que fueren". Pero además sostiene que: "en la República Argentina no se prohíbe cobrar por sexo, si la decisión de quien ofrece el servicio es libre y consentida; por lo tanto, la publicidad de esos servicios es perfectamente lícita". Desde la lógica capitalista, en la que prevalece el sentido de la ganancia, por sobre los valores, esta empresa periodística, prefiere defender a los consumidores y garantizar sus derechos, a costa de la explotación que alcanza a mujeres y niñas, en su mayoría. Pero además sustenta su argumento en quienes pueden “decidir” ofrecer el servicio de prostitución, ignorando para su beneficio que la trata se sustenta en el uso de la coerción a través de la violencia.

LAS VICTIMAS
La trata de personas constituye un fenómeno global, más de 130 países han reportado casos, siendo una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) millones de personas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas (para explotación sexual o laboral).
En este contexto se debe indicar que Patagonia es uno de los principales corredores de mujeres victimas de la trata. La ruta del petróleo y la pesca, en la que se destacan ciudades tales como la Neuquén –uno de las ciudades donde se distribuye diario Río Negro-, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río Gallegos, mereció varias denuncias de organizaciones sociales e instituciones.

ACCIONES CONTRA LA TRATA


En 1995, durante la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, al momento de analizar los escenarios de  desigualdad social y acciones de discriminación hacia las mujeres, se concluyó que los medios de comunicación integran una de las doce áreas prioritarias de incidencia y necesidad de política pública. En Beijing se planteó la necesidad de eliminar las imágenes estereotipadas y sexistas de las mujeres en los medios y la importancia de que ocupen espacios como hacedoras, sobre todo en los cargos directivos a los que tanto les cuesta llegar.

Desde entonces transcurrieron varios años, y en Argentina no se tomaron medidas hasta  2009, año en el que se sancionó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones personales. En la misma se define la violencia simbólica y a la violencia mediática como una de sus formas de manifestación. Cinco meses después la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incorporó sanciones para quienes reproduzcan y generan contenidos sexistas en la radio y televisión.

En septiembre de 2010 este Sindicato participó como miembro de Fatpren en la campaña "No a la Trata y el Proxenetismo" en los medios cuestionando a las empresas periodísticas que con frecuencia se refieren a la trata de personas como meros hechos periodísticos, obviando su rol de actores sociales y políticos, con el fin de obtener miles de pesos al año promoviendo desde sus páginas la prostitución y otros servicios sexuales.
Claramente las políticas públicas deben ser amplias y alcanzar a los distintos sectores del gobierno y la justicia, sólo así se podrá avanzar hacia la eliminación de un delito de tal magnitud como la esclavitud de personas. Sin duda se trata de una lucha, que requiere también acciones desde el campo de lo simbólico, dado que la violencia de género se arraiga ante la naturalización y el consenso social. Las mujeres vistas como objetos, y en su calidad de mercancía es la representación naturalizada que queremos erradicar y por ello celebramos la aplicación del decreto 936, con la confianza de que se constituye en un paso más hacia la erradicación de la violencia.




sábado, 1 de febrero de 2014

El Salvador: Solidaridad con periodista Francisco Valencia

DETIENEN AL DIRECTOR DE DIARIO CO LATINO. EL SINDICATO DE DE PRENSA EXIGE SU PRONTA LIBERACIÓN
Los cargos por los que el periodista fue capturado corresponden a un litigio de 1996, que fue saldado con un juicio conciliatorio. En aquella ocasión el comisionado de la PNC García Aguirre fue denunciado al periódico por el delito de roba carros. El comisionado al aparecer la nota en el rotativo Co Latino, denunció a Valencia en su calidad de Director del periódico, por lo que éste fue apresado y puesto en prisión. El SINPESS en su momento también acompañó y movilizó la solidaridad internacional.  

En El Salvador se vive un momento álgido en la realidad política nacional. El próximo domingo  dos de febrero se enfrentan en las urnas electorales el ultra derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), heredero de los métodos represivos de la dictadura militares de los años setenta y ochenta, con la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que goza de la preferencia electoral por parte de grandes sectores de la población salvadoreña. Las últimas encuestas dan como favorito al FMLN para ganar los comicios presidenciales.

Por otro lado, el Presidente Mauricio Funes ha denunciado que detrás de las recientes masacres en contra de la población civil hay actividades de sicariato con fines electorales. Esta denuncia apuntaría a posibles vínculos con la derecha de ARENA.  Lo dicho por el Presidente Funes crea inquietud entre los periodistas y comunicadores de los medios de prensa alternativos y de izquierda, pues la captura de Valencia podría ser un mensaje de la derecha que mantiene aún, elementos suyos en las estructuras del Estado
También y dentro de las mismas inquietudes surge la pregunta de por qué el Fiscal General de la República Luis Antonio Martínez, en el caso de corrupción por el que es investigado el ex presidente Francisco Flores Pérez (uno de los principales asesores de campaña del candidato presidencial de la derecha), no ha decretado medidas cautelares en su contra, a pesar de que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los supuestos delitos ha pedido al Director de la PNC que el ex Presidente sea llevado con apremio a la Asamblea Legislativa para poder continuar con la investigación.
Ante este panorama que vive El Salvador, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos y el debido proceso del caso que ya estaba resuelto a favor del periodista Francisco Valencia, el SINPESS a través de sus agremiados y la Junta Directiva General, se solidarizan con el compañero Valencia, y a la vez exige su pronta liberación, así como el resarcimiento de los daños a su imagen personal y profesional.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SINDICATO DE PERIODISTAS Y SIMILARES DE EL SALVADOR
SINPESS