Santa Cruz: Sindicato de Prensa advirtió hace 2 años el vaciamiento de las empresas de Lázaro Báez

Durante todo 2014, y parte de 2015, el Sindicato de Prensa de Santa Cruz (SIPREN SC) denunció que el Multimedios de Lázaro Báez que agrupa a diario Prensa Libre, Magna FM, resumen de noticias Clipping y Portales Web iniciaba su proceso de desmantelamiento mediante el despido de trabajadores sin motivo alguno, pago de salarios fuera de tiempo y forma, incumpliendo Convenios Colectivos y encuadre, falta de pago de aportes jubilatorios y obras sociales.

El Multimedio está incluido dentro del organigrama de empresas de la construcción de Báez.

Los reclamos incluyeron el despido sin ningún motivo, y en contra de todas las leyes laborales nacionales y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Secretario General del SIPREN SC, Alberto Barría, realizado el 1 de mayo de 2014, que atentó contra la libertad sindical.

Esto no fue sólo declarativo, ya que el Sindicato acudió a la secretaria de Estado y Trabajo en decenas de oportunidades para denunciar todos los incumplimientos de la empresa que afectó directamente a los trabajadores de prensa, y cuyo medio depende comercialmente y casi exclusivamente de las ganancias de las empresas de la construcción que hasta la fecha adeudan los salarios de diciembre y segunda cuota del aguinaldo a los más de 1.800 obreros que tienen en Santa Cruz.

SIPREN SC se reunió con trabajadores de Radio Nacional a los que todavía no se les renovó contrato

El Sindicato de Prensa de Santa Cruz (SIPREN SC) se reunió con trabajadores de Radio Nacional El Calafate quienes todavía no cuentan con la garantía de continuar con sus puestos laborales.

Dichos trabajadores vienen cumpliendo tareas de manera efectiva desde 2011, como monotributistas, renovando anualmente el vínculo laboral. Según argumentaron -como ha sido habitual en los últimos años-, en diciembre de 2015, firmaron su contrato para el año entrante, aunque hasta el momento no han tenido ninguna información formal al respecto, por lo que debieron cesar su trabajo durante la última semana.

En el marco de la asunción del nuevo Gobierno Nacional, se emitió el decreto Decreto 254/15 "Procesos Concursales y de Selección de Personal. Revisión", que establece la revisión de los contratos de quienes forman parte de la administración pública nacional, entes autárquicos y Sociedades del Estado, encontrándose dentro de ellos Radio y Televisión Argentina (RTA SE) de la cual depende la emisora radial de El Calafate.

El decreto del Ejecutivo, establece entre otros puntos, revisar "las contrataciones de personal efectuadas en dichos Ministerios u organismos, durante los últimos TRES (3) años" y la renovación "por el plazo de TRES (3) meses las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25.164, celebradas por primera vez durante los años 2013, 2014 o 2015", mientras dure dicho procedimiento.

Por otra parte se establece, en su artículo 7, la renovación "hasta el 31 de diciembre de 2016 las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, cuyo primer contrato fue celebrado con anterioridad al año 2013".

Los trabajadores cesados de Radio Nacional, sin embargo, que han trabajado en una precaria condición de contratados desde 2011, no han sido incluidos en ninguna de las variantes que se establecen, quedándose sin ninguna respuesta por parte de las autoridades y sin ninguna certidumbre sobre su futuro laboral.

Desde el Sindicato de Prensa de Santa Cruz, se solicita a quien corresponda que pueda observar la situación de los trabajadores, así como también, se anuncia que se procederá a instrumentar las medidas correspondientes para que obtengan una respuesta formal sobre su situación laboral.

DOS FALLOS FRENAN DECRETOS DE MACRI CONTRA LA LEY 26.522

La modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto del gobierno macrista fue frenada transitoriamente por dos jueces federales, que mandaron mantener en suspenso los efectos de todas las normas impuestas por el Poder Ejecutivo hasta que se dirima la cuestión de fondo.

   Hasta las primeras horas de la noche del lunes 11 de enero las autoridades gubernamentales no habían reaccionado en público ante estas medidas judiciales y estaba pendiente de verificación si las acatarán o no, tomando en cuenta el precedente de lo ocurrido con el juez platense Luis Arias.

   Este magistrado había dictado una medida precautelar de suspensión de los decretos que intervinieron y disolvieron AFSCA y AFTIC, que luego fue revocada por un juez federal de la capital bonaerense, pero mientras estuvo vigente su sentencia el gobierno simplemente la desconoció, lo que puede ameritar la apertura de otros procesos.

   En una jornada de conmoción por el despido intempestivo del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental, comunicada a 15 minutos de comenzar su programa diario, hecho que se inscribe en los ataques sucesivos a la libertad de expresión que se viven en el país, los fallos de los jueces fueron la nota contrastante.

   Igual que los funcionarios, hasta la noche del lunes los principales medios pro gubernamentales, Clarín y La Nación, no habían publicado su postura sobre el tema. Una nota informativa breve estaba disponible en el portal de La Nación, el diario que fue anticipando puntillosamente el contenido del decreto 267/15, que modificó en especial a favor de Clarín varias de las disposiciones de la Ley 26.522.

   La decisión de los jueces federales, si fuera acatada por el gobierno, implica la reposición de las autoridades legítimas de AFSCA y AFTIC, encabezadas por Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.

    Los amparos fueron aceptados por el juez federal número 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Garbarino, y por la jueza federal número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns.

   Garbarino respondió así a una presentación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Forns lo hizo respecto de la acción interpuesta por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la emisora FM En Tránsito, 93.9, del oeste del Gran Buenos Aires.

   Con ambas decisiones quedan sin efecto transitoriamente los decretos 13/15, 236/15 y 267/15, todos ellos destinados a desarticular a los organismos del sector audiovisual constituidos con representación plural y federal, para dejar al que lo reemplazó, Ente Nacional de Comunicación, bajo el manejo discrecional del Ejecutivo.

    Sergio Zurano, quien venía desempeñándose como director nacional de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA hasta la irrupción gubernamental, declaró que según lo dispuesto por ambos magistrados, el organismo "vuelve a integrarse con el directorio plural que preside Martín Sabbatella, todos los despedidos por la intervención vuelven a sus lugares de trabajo, quedan sin efecto todas las medidas tomadas por la ilegal intervención, se disuelve el Enacom y se retrotrae todo lo dispuesto por su titular Miguel de Godoy".

   Lo mismo concierne, agregó, a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).

   La Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social dijo en un comunicado que la jueza Forns dio al Poder Ejecutivo tres días de plazo para presentar la fundamentación de las medidas que adoptó.  

   Su fallo expresa que "con el dictado de los decretos se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo y se ha violentado el artículo 165 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual". Asimismo, citó para sus fundamentos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había declarado la constitucionalidad integral de la norma.

   Las "circunstancias de excepcionalidad" que la Constitución exige para que el Ejecutivo modifique una ley por decreto no están dadas en el caso, agregó.

   El gobierno fue notificado durante la tarde del lunes 11 sobre ambos fallos. Se esperaba para el martes 12, en consecuencia, que anunciara si acata o no ambas sentencias, en un día marcado por la convocatoria a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país para protestar por el despido intempestivo de Víctor Hugo Morales y por el retroceso que en general se observa en el país en la vigencia de la libertad de expresión desde que asumió el nuevo gobierno.

(BUENOS AIRES, 11.1.16, 22 hs.)
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Ataque a la libertad de expresión: censuran a Víctor Hugo Morales

El Sindicato de Prensa repudia el despido del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental de Buenos Aires, en el momento en que llegaba a realizar su programa.

 En un comunicado, la empresa le adjudicó al periodista "incumplimientos" de su contrato, sin dar ninguna precisión.

El SIPRENCR coincide con los conceptos de COMUNA que considera que el despido de Víctor Hugo se inscribe en una ofensiva brutal contra la libertad de expresión, desatada desde el momento en que Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales, cuando comenzaron las amenazas de sus colaboradores, con frases como "desde el 10 de diciembre te quedás sin trabajo", dirigidas en público a periodistas por el hecho de difundir informaciones y opiniones que no son del gusto del nuevo gobierno.

   Esto se suma al avasallamiento de los derechos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la censura a comunicadores y espacios de actualidad aplicada en medios públicos y las campañas de desprestigio contra periodistas montadas en medios privados afines al gobierno, que recibieron copias de documentación sustraída de Radio y Televisión Argentina por las autoridades recién llegadas.

   Hace varios años que Víctor Hugo Morales viene siendo objeto de ataques sucesivos del grupo Clarín, sostén y artífice del triunfo electoral de Mauricio Macri y ahora convertido, al menos temporalmente, en diario ultraoficialista.

   Esa persecución incluyó campañas de denigración, datos falsos sobre los ingresos que obtiene con su trabajo y hasta la difusión en público de su domicilio en el momento en que el sector del Poder Judicial al servicio de Héctor Magnetto allanaba su domicilio para evaluar sus bienes con vistas a una apropiación.

   El avasallamiento al derecho de tantos comunicadores a difundir sus informaciones y opiniones impone la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, como lo vienen solicitando numerosas organizaciones de la comunicación y lo pidió formalmente la Defensoría del Público.

Fuente Comuna

MÁS PEDIDOS A LA CIDH POR LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

(BUENOS AIRES, 10.1.16)- Numerosas organizaciones que luchan por la comunicación democrática se sumaron al pedido de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno macrista dispuso en beneficio directo del grupo Clarín, para que amplíe aún más su posición dominante.

   Respecto de esta situación, la Coalición por la Comunicación Democrática, que reúne a sindicatos, emisores comunitarios y pymes, cooperativas, pueblos originarios, universidades, entidades de género y por los derechos de las personas con discapacidad, entre otras, se mantiene en estado de asamblea permanente, para impulsar acciones en defensa de la Ley 26.522.

   Representantes de la Coalición comenzaron contactos con legisladores nacionales y gestionan audiencias con autoridades del Ejecutivo para presentar el reclamo de cumplimiento completo de la Ley.

   Preocupa en especial que la expansión de la cantidad de licencias de radio y televisión previsto por el decreto macrista para las empresas privadas derivará en un aumento de los niveles de concentración que se contrapone a los parámetros de una distribución equitativa del espectro radioeléctrico para todos los emisores.

   Además, la modificación de la ley por decreto arrasó con los organismos de conformación federal y multisectorial como AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, para montar una estructura que permite un manejo totalmente discrecional al Poder Ejecutivo, lo que se contrapone por completo a la Convención Americana, que la Argentina suscribe.

   Ante esto, organizaciones que componen la Coalición presentaron recursos judiciales para frenar las imposiciones gubernamentales y estudian recurrir a la Comisión Interamericana.

   A su vez, la Defensoría del Público informó oficialmente que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recibió el pedido del organismo para una reunión en la que se examine la situación.

   La Defensoría dijo en un informe que Lanza "ya había expresado su disconformidad" con la eliminación de la autonomía de los organismos del sector audiovisual, lo que se reflejó en declaraciones del funcionario al diario Buenos Aires Herald.

   Para su solicitud de intervención, la Defensoría recibió respaldo de varios sectores vinculados con la comunicación audiovisual, como asociaciones de radios universitarias, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo y la Organización Nacional Indígena.

   A propósito de esta misma situación, COMUNA envío a Lanza, el 30 de diciembre, una serie de artículos periodísticos y pronunciamientos que dan cuenta de la preocupación en el país por las acciones del gobierno. Ese material incluyó declaraciones a diversos medios periodísticos de los abogados especialistas en comunicación Damián Loretti y Graciana Peñafort.

   Asimismo, COMUNA informó al Relator Especial que reunió firmas de más de 4.600 personas que se pronunciaron contra el hecho de que el gobierno legisle por decreto en lugar de darle intervención al Congreso, como manda la Constitución.

   Ese petitorio expresa lo siguiente:

   Respeto integral a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

   Reapertura de AFSCA, respeto a sus autoridades legales y a sus trabajadores.

   Respeto a la Constitución: las leyes las elabora y modifica el Congreso, no el Poder Ejecutivo.

   Respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces.

   Que cesen las intimidaciones. No a la caza de brujas, a las listas negras y a las campañas de desprestigio de periodistas.

   El petitorio, con sus firmas, está disponible en www.comunanet.com.ar

EL DECRETO DE MACRI ES INCONSTITUCIONAL, DICE LA COALICIÓN

(Buenos Aires) La Coalición por la Comunicación Democrática expresó en un comunicado que el decreto 267 por el cual el gobierno macrista modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del Grupo Clarín es inconstitucional.

   Una asamblea de la Coalición, integrada por organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias, cooperativas, universitarias, de pequeñas y medianas empresas, de productoras audiovisuales, de género y de accesibilidad en comunicación, artistas, músicos y pueblos originarios, rechazó el decreto mediante el cual el gobierno pretende anular las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones Argentina Digital.

   "Es una acción de avasallamiento de las instituciones democráticas pocas veces vista en un gobierno elegido por los votos", dice un comunicado de la Coalición, del martes 5 de enero.

   "Con el nuevo decretazo se desconoce la voluntad de una ciudadanía que gestó con luchas y debates una ley que es modelo de leyes, por su construcción popular plural y federal. Argumentando una falsa necesidad y urgencia, se apunta al corazón de la ley 26.522, al modificar artículos que limitan los monopolios, al prorrogar las licencias y aumentar el límite de licencias en un solo operador, permitir las transferencias de medios excepto para los sin fines de lucro, desregular el cable, eliminar las cuotas de contenidos local, propio y nacional", agrega.

   La Coalición denuncia que el decreto "lesiona gravemente el derecho humano a la comunicación y al ejercicio pleno de la libertad de expresión de cada uno de los habitantes de este país".

   Esta acción del gobierno determinó una denuncia por incumplimiento de orden judicial y presunta falsedad ideológica contra el presidente, Mauricio Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. La presentación fue realizada en el juzgado federal 3 de La Plata, donde el juez local Luis Arias había adoptado el 30 de diciembre una medida precautelar para que el gobierno no modifique leyes por decreto.

   El Poder Ejecutivo incumplió esta decisión judicial con la artimaña de imponerle al decreto fecha del 29 de diciembre, cuando Peña dijo en conferencia de prensa, al día siguiente, que el instrumento estaba por ser firmado. Además, Macri estaba de vacaciones.

   El juzgado platense en turno durante la feria de enero, cuyo titular es Ernesto Kreplak, recibió una ampliación de denuncia del delegado regional de AFSCA, Luis Guerín, por el no acatamiento a la sentencia precautelar de Arias.

   La aprobación del decreto 267 determinó además que la Defensoría del Público recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la ampliación a favor de Clarín de los márgenes de concentración de medios audiovisuales se contrapone con la Convención Americana, que la Argentina suscribe.

   En efecto, ese instrumento establece que la concentración es contraria a la libertad de expresión.

   La Defensoría informó que desde que el gobierno macrista viene adoptando sucesivos decretos para desarticular los organismos de la Ley 26.522 y modificarla sin recurrir al Congreso recibe presentaciones y reclamos de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones de diversa índole, por la afectación a la libertad de expresión y a la circulación libre de informaciones y opiniones.

Santa Rosa:SIPREN reclama reincorporación de Trabajadores de Radio Municipal

El Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur (SIPREN) rechaza el despido de tres trabajadores de la Radio Municipal de Santa Rosa. Pedimos la continuidad de los contratos de estos trabajadores, ante la definición adoptada por las más altas autoridades comunales que la programación de esa emisora proseguirá durante esta gestión.

El SIPREN nunca acordó con las modalidades de empleo precario, y por eso pretendemos también que luego de reincorporar a los trabajadores, podamos participar de un análisis serio y responsable junto al municipio, sobre la necesidad de jerarquizar como corresponde la actividad periodística y comunicacional en los medios públicos.

La irresponsabilidad y el uso del empleo público como moneda de pago de favores partidarios, han provocado un actual estado de cosas que nos coloca a todos los sectores en una encrucijada. Pero la salida debe ser frontal, sincera y consensuada. La gestión que dejó una comuna y una capital provincial devastada fue repudiada por la sociedad a través de las expresiones de los ciudadanos en los medios y en los procesos electorales.

En el caso de Radio Municipal Santa Rosa, su conformación y la continuidad que imagina la actual gestión, nos alienta a reclamar y exigir que los trabajadores se mantengan en sus lugares. Se desempeñan allí solamente seis trabajadores (cinco de ellos mediante contratos mensuales), una estructura razonable y modesta que resulta imprescindible para cumplir con esa voluntad de continuidad, aun con otros formatos y orientaciones de contenidos.

Nuestro sindicato exige que los puestos de trabajo que genera la actividad, tanto en lo privado como en lo estatal, sean respetados. Expresamos nuestra postura al diálogo y al intercambio, pero el punto de partida debe ser el sostenimiento de la fuente laboral. Sin perjuicio de nuestro apoyo incondicional a la resistencia de los trabajadores de prensa de Radio Municipal y más allá de la férrea determinación de luchar por su reincorporación hasta las últimas consecuencias, celebramos el inicio de conversaciones con las autoridades municipales que entendieron la particularidad situación de los trabajadores del área de Radio Municipal, que tienen tareas y funciones específicas. Esta decisión abre un espacio para el aporte mancomunado desde todos los sectores involucrados y nos alienta a ser optimistas en cuanto a encontrar rápidamente una solución a este conflicto.