jueves, 20 de diciembre de 2007

COMUNICADO DE PRENSA

Respetar a la prensa es respetar el derecho a la información

El cambio de una gestión política, incluso del mismo partido, impone seguramente nuevos mecanismos de funcionamiento. Así lo entendemos quienes desempeñamos tareas de prensa relacionadas a la acción de gobierno. Por ello, en cada uno de estos momentos de cambio, la prudencia y la paciencia ha sido la opción de los trabajadores de prensa. Pero hay límites –derechos y deberes- establecidos, no sólo en la conducta de cualquier ciudadano sino en la Constitución Nacional y en Convenios Internacionales.

Argentina, lamentablemente, no es el mejor ejemplo de relación entre gobernantes y periodistas. Hace apenas dos meses atrás, en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se hizo mención a los obstáculos y amenazas que atraviesa el ejercicio del periodismo en este país.


El informe, advierte que los medios de comunicación no tienen acceso a la información pública, debido a que los funcionarios evitan dar conferencias de prensa o hablar directamente con los periodistas.


Varias provincias argentinas son lamentables ejemplos: Río Negro, Neuquén y Salta –sólo por mencionar algunas- pueden dar cuenta de la falta de cumplimiento del deber de informar sobre los actos de gobierno que tiene el gobernante.

Para recordarles

En este contexto es necesario recordarle a los funcionarios públicos municipales y provinciales de Chubut, que en una sociedad democrática, la información pública le pertenece a todas las personas porque es la ciudadanía la que delega en sus representantes el ejercicio del poder y la administración de los Estados en forma temporal y limitada. La información pública está íntimamente ligada a la participación social.

Lamentablemente, muchas burocracias, y en particular las gubernamentales, tienen una tendencia al secreto y a no brindar información por diferentes motivos, entre ellos, el de evitar ser controlados y juzgados por la ciudadanía. Las estrategias de estos gobiernos varían según la percepción de sus operadores de medios; o mejor dicho de sus acciones políticas. El estado da a conocer públicamente lo que a él le interesa, difunde sólo lo que le interesa, e inunda de propaganda oficial. Por otro lado, construye verdaderos monopolios de la información por parte de ciertos actores dentro de la administración pública, lo cual impide que aquella se socialice. Así, se informa sólo aquello que le conviene a la estructura o al poder político de turno. Por contrapartida se alimenta con publicidad oficial a empresas periodísticas que incumplen sistemáticamente con los convenios colectivos de trabajo y el pago de las escalas salariales.

Se debe recordar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 establece en el artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De esta manera “Derecho a la Información” amplía los conceptos de libertad de prensa –que sólo gozaban quienes eran propietarios de los medios de comunicación- y libertad de expresión –utilizado sólo por quienes tenían la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación-.

En la Constitución Nacional

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 establece el “derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En Argentina, este derecho tiene jerarquía constitucional, de manera que no puede ser desplazado por normas de inferior rango. Allí se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.

Pero más allá de los marcos legales los derechos y deberes se practican. Más información implica mayor transparencia y, por lo tanto, a mayor control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía. Se trata de fomentar la transparencia en la gestión del Estado.



Mónica Baeza Stella Armesto
Secretaria General Sec. Gremial
Sindicato de Prensa de CR Sindicato de Prensa de CR

Sec. de Capacitación y Cultura de

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