La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de su vicepresidente, Gustavo Granero, denunció y repudió las limitaciones a la libertad de expresión que está sufriendo la República del Paraguay, luego del golpe de estado institucional que desplazara al legítimo presidente de los paraguayos, Fernando Lugo.
A dos semanas del golpe, Granero manifestó que "toda la comunidad sindical internacional sigue atentamente el proceso que se está dando en el Paraguay, y brindamos todo nuestro apoyo al Sindicato de Prensa de Paraguay en su lucha en defensa del orden democrático, la libertad de expresión y el derecho a la información".
El mismo viernes 22 de junio en que se consumó la ruptura del orden institucional, una persona que se identificó como Christian Vázquez, supuesto nuevo encargado de Comunicación del gobierno instalado horas antes, irrumpió en la sede de la Televisión Pública, en Asunción, e intentó censurar la programación emitida en ese momento. El desconocido emisario remarcó que debía evitarse la emisión de programaciones "contra la ciudadanía", en especial el programa "Micrófono Abierto", que toma las expresiones de la gente, en diversos espacios y situaciones, espacio en el que se objetó el denominado "golpe parlamentario". El intento de censura fue frustrado mediante la resistencia de los trabajadores del canal, y la posterior movilización popular, al día siguiente.
El sábado 23, la Radio Nacional del Paraguay dejó de emitir la programación habitual. Con ello, cuatro programas de diversas organizaciones sociales, como juveniles y de periodistas con vínculos con migrantes paraguayos en el exterior, así como de analistas políticos quedaron fuera del aire.
Días después, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de informes a la Radio Nacional del Paraguay a fin de detallar sobre los programas emitidos, en especial con relación a uno, en el cual se habían relatado los pormenores de la masacre de Curuguaty.
En ese programa, emitido el lunes 18 de junio, se brindó participación a un comunicador de dicha localidad, que trabaja en una radio comunitaria, que puso en seria duda la versión sobre la matanza de policías y campesinos difundida por los medios comerciales y también por los actores políticos de los partidos con representación parlamentaria. Allí se dejó entrever que incluso podrían haber participado de los crímenes francotiradores ligados a las redes del narcotráfico y el latifundio. La puesta al aire de este programa motivó la queja de un empresario ganadero, al día siguiente, ante una radioemisora comercial.
El secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), Vicente Páez, explicó que "en la semana que siguió a la llegada abrupta de Franco a la Presidencia de la República, los medios de comunicación empresariales minimizaron los espacios dedicados a una gran cantidad de movilizaciones realizadas en varios lugares del país para protestar contra la ruptura del orden democrático perpetrada por el Parlamento. Ya antes y durante la realización del juicio, las corporaciones mediáticas expresaban su complacencia con la destitución de Lugo. Además, eran priorizadas las posturas en favor del nuevo gobierno, y pretendían desvirtuar el calificativo de golpe parlamentario".
Páez añadió que "en este complicado contexto, las emisoras comunitarias, las redes sociales en internet, así como varios otros medios de comunicación alternativos se constituyen en herramientas para llevar a la gente la información negado o restringida al mínimo por los medios de comunicación comerciales".
En Asunción, los trabajadores de prensa ven amenazados sus puestos de trabajo en función de las posturas que asuman públicamente. Con más de un cincuenta por ciento de los trabajadores absolutamente precarizados, el temor a perder la fuente de trabajo opera más fuerte que la peor de las censuras.
En el interior del Paraguay, los compañeros y compañeras que llevan adelante las radios comunitarias campesinas sufren presiones mucho más directas, en un entorno en donde la vida depende de las decisiones de los terratenientes asociados al gran poder económico y los medios de comunicación.
Una vez más, se verifica que los principales limitadores de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información son los medios de comunicación hegemónicos y los poderes económicos concentrados asociados a ellos, y no los gobierno legítimamente electos que pretenden destituir.
Gustavo Granero, también secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), expresó que "América Latina mira con preocupación lo que ocurre en Paraguay, porque los medios de comunicación juegan cada vez más fuerte un papel destituyente en la región. Frente a esto, el pueblo movilizado y la solidaridad internacional es la única garantía para defender los proyectos nacionales y populares que se han constituido en la región".
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