La modificación de la Ley Audiovisual por decreto y la ruptura que esa reforma impuesta por el gobierno causa con los estándares internacionales de libertad de expresión serán examinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a raíz de una gestión de la Defensoría del Público.
El decreto 267/15 modificó la Ley 26.522 a favor de grandes empresas privadas, el grupo Clarín en primer lugar, al permitirle concentrar más licencias y ampliar sus negocios en el cable, y reemplazó organismos plurales y federales por otro en el que el Poder Ejecutivo tiene garantizada la mayoría automática.
Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, recibieron el viernes 22 a la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano.
Mientras esto sucedía en Washington, en Mar del Plata la Cámara Federal local resolvió habilitar feria para intervenir en una demanda por inconstitucionalidad de decretos del Ejecutivo, lo que significa que acepta una presentación hecha a nombre de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA), y que estudiará la cuestión de fondo.
A la vez, en La Plata, la Sala III de la Cámara Federal restituyó plenamente la vigencia de un fallo precautelar del juez Luis Arias, que había dejado en suspenso la intervención de AFSCA decidida también por decreto, aunque las consecuencias prácticas de este dictamen son de pronóstico difícil, ya que luego el gobierno aprobó otro decreto, que superó al anterior.
LA DEFENSORÍA ANTE LA CIDH
En la capital estadounidense, Ottaviano fue recibida a raíz de su pedido de reunión de urgencia para expresar que los decretos macristas atentan contra la libertad de expresión, al concentrar la comunicación en pocas manos y disponer que el organismo que administra el sector, el Ente Nacional de Comunicaciones, tenga mayoría automática del Ejecutivo, a diferencia de AFSCA.
El organismo informó que la reunión duró una hora y media y que la Defensora presentó documentación, como los sucesivos pronunciamientos de sindicatos, universidades, organizaciones de radios comunitarias y de comunicadores, de pueblos originarios y diversidad de género, músicos y actores, entre otros, todos contrarios a los decretos del gobierno y defensores de la circulación libre de información y opinión.
"Hemos podido plantear la ilegitimidad de los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para modificar una ley de comunicación que fue debatida y consensuada por todos los poderes de la Argentina", declaró Ottaviano.
Agregó que Lanza y Longoria le anunciaron que la semana próxima transmitirán a la Comisión la situación creada por el gobierno
FALLO EN LA PLATA REESTABLECE PRECAUTELAR
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata restituyó un fallo precautelar del juez Luis Arias que dispuso la suspensión de todos los efectos de un primer decreto gubernamental, el 236/15, que intervino AFSCA y AFTIC e impuso autoridades nuevas, que de inmediato dispusieron despidos.
Arias había aceptado un pedido del titular de AFSCA La Plata, Luis Guerín, por considerar en riesgo el respeto a derechos esenciales y, aunque se declaró incompetente sobre la cuestión de fondo –si el decreto es constitucional o no-, pidió que el gobierno no alterara la situación hasta un fallo definitivo.
El gobierno no acató nunca esta sentencia precautelar e impidió que el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, reasumiera sus responsabilidades, algo que no podía eludir tomando en cuenta que la decisión de Arias significó restituir la vigencia de la Ley 26.522.
Este litigio en La Plata quedó a cargo del juez federal 4, Alberto Recondo, quien falló inmediatamente a favor del gobierno, al desestimar íntegramente la presentación de Guerín. Esta es la decisión que la Cámara anuló hoy y desplazó al juez por fallas graves, como no tomar en cuenta los procedimientos de amparo.
Es que Recondo actuó tan rápido que, dice el fallo conocido el viernes 22, ni siquiera dio vista a la parte actora –Guerín-, cuando el gobierno presentó alegatos a favor de su postura. Hubo, por lo tanto, afectación de garantías procesales y un procedimiento "extemporáneo por prematuro".
La Cámara envió este caso al juez federal 2 de La Plata, Adolfo Gabino Ziuli, y en su fallo dijo que no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no del decreto posterior al objetado por Guerín, el 267/15, si bien expresa que actúa en la misma línea de los derechos que el actor consideró vulnerados.
FALLO EN MAR DEL PLATA PARA ANALIZAR DNU
También el viernes 22, la Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el tratamiento de un planteo contra el decreto 267/15, el que modificó aspectos esenciales de la Ley Audiovisual a favor de Clarín, lo que significa que examinará si es o no constitucional.
Este caso se originó en una presentación de Osvaldo Francés como integrante de ARBIA, quien cuestionó la eliminación de AFSCA y su reemplazo por un organismo a merced del Ejecutivo macrista y, también, el hecho de que el gobierno legisle por decreto en lugar de apelar al Congreso.
La Cámara no se pronuncia sobre la cuestión de fondo. Dijo: "Si esa afectación se encuentra dentro de los carriles constitucionales o no, será objeto de análisis oportunamente", pero lo que no se puede discutir, aclara, es la legitimidad de Francés para pedir el amparo, que había sido rechazado de plano y automáticamente por el juez federal 4, Alfredo López.
Otras presentaciones están en curso, en diversas instancias, en varios puntos del país. Una de ellas está en Cámara de Apelación de la Ciudad de Buenos Aires –el tribunal conocido como "en lo Clarín y Rural", por sus decisiones favorables a esos grupos- y otra en la Cámara Federal de San Martín.
BUENOS AIRES, 22.1.16, 21.15
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