(BUENOS AIRES, 10.1.16)- Numerosas organizaciones que luchan por la comunicación democrática se sumaron al pedido de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno macrista dispuso en beneficio directo del grupo Clarín, para que amplíe aún más su posición dominante.
Respecto de esta situación, la Coalición por la Comunicación Democrática, que reúne a sindicatos, emisores comunitarios y pymes, cooperativas, pueblos originarios, universidades, entidades de género y por los derechos de las personas con discapacidad, entre otras, se mantiene en estado de asamblea permanente, para impulsar acciones en defensa de la Ley 26.522.
Representantes de la Coalición comenzaron contactos con legisladores nacionales y gestionan audiencias con autoridades del Ejecutivo para presentar el reclamo de cumplimiento completo de la Ley.
Preocupa en especial que la expansión de la cantidad de licencias de radio y televisión previsto por el decreto macrista para las empresas privadas derivará en un aumento de los niveles de concentración que se contrapone a los parámetros de una distribución equitativa del espectro radioeléctrico para todos los emisores.
Además, la modificación de la ley por decreto arrasó con los organismos de conformación federal y multisectorial como AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, para montar una estructura que permite un manejo totalmente discrecional al Poder Ejecutivo, lo que se contrapone por completo a la Convención Americana, que la Argentina suscribe.
Ante esto, organizaciones que componen la Coalición presentaron recursos judiciales para frenar las imposiciones gubernamentales y estudian recurrir a la Comisión Interamericana.
A su vez, la Defensoría del Público informó oficialmente que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recibió el pedido del organismo para una reunión en la que se examine la situación.
La Defensoría dijo en un informe que Lanza "ya había expresado su disconformidad" con la eliminación de la autonomía de los organismos del sector audiovisual, lo que se reflejó en declaraciones del funcionario al diario Buenos Aires Herald.
Para su solicitud de intervención, la Defensoría recibió respaldo de varios sectores vinculados con la comunicación audiovisual, como asociaciones de radios universitarias, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo y la Organización Nacional Indígena.
A propósito de esta misma situación, COMUNA envío a Lanza, el 30 de diciembre, una serie de artículos periodísticos y pronunciamientos que dan cuenta de la preocupación en el país por las acciones del gobierno. Ese material incluyó declaraciones a diversos medios periodísticos de los abogados especialistas en comunicación Damián Loretti y Graciana Peñafort.
Asimismo, COMUNA informó al Relator Especial que reunió firmas de más de 4.600 personas que se pronunciaron contra el hecho de que el gobierno legisle por decreto en lugar de darle intervención al Congreso, como manda la Constitución.
Ese petitorio expresa lo siguiente:
Respeto integral a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Reapertura de AFSCA, respeto a sus autoridades legales y a sus trabajadores.
Respeto a la Constitución: las leyes las elabora y modifica el Congreso, no el Poder Ejecutivo.
Respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces.
Que cesen las intimidaciones. No a la caza de brujas, a las listas negras y a las campañas de desprestigio de periodistas.
El petitorio, con sus firmas, está disponible en www.comunanet.com.ar
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