(Buenos Aires) La Coalición por la Comunicación Democrática expresó en un comunicado que el decreto 267 por el cual el gobierno macrista modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del Grupo Clarín es inconstitucional.
Una asamblea de la Coalición, integrada por organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias, cooperativas, universitarias, de pequeñas y medianas empresas, de productoras audiovisuales, de género y de accesibilidad en comunicación, artistas, músicos y pueblos originarios, rechazó el decreto mediante el cual el gobierno pretende anular las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones Argentina Digital.
"Es una acción de avasallamiento de las instituciones democráticas pocas veces vista en un gobierno elegido por los votos", dice un comunicado de la Coalición, del martes 5 de enero.
"Con el nuevo decretazo se desconoce la voluntad de una ciudadanía que gestó con luchas y debates una ley que es modelo de leyes, por su construcción popular plural y federal. Argumentando una falsa necesidad y urgencia, se apunta al corazón de la ley 26.522, al modificar artículos que limitan los monopolios, al prorrogar las licencias y aumentar el límite de licencias en un solo operador, permitir las transferencias de medios excepto para los sin fines de lucro, desregular el cable, eliminar las cuotas de contenidos local, propio y nacional", agrega.
La Coalición denuncia que el decreto "lesiona gravemente el derecho humano a la comunicación y al ejercicio pleno de la libertad de expresión de cada uno de los habitantes de este país".
Esta acción del gobierno determinó una denuncia por incumplimiento de orden judicial y presunta falsedad ideológica contra el presidente, Mauricio Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. La presentación fue realizada en el juzgado federal 3 de La Plata, donde el juez local Luis Arias había adoptado el 30 de diciembre una medida precautelar para que el gobierno no modifique leyes por decreto.
El Poder Ejecutivo incumplió esta decisión judicial con la artimaña de imponerle al decreto fecha del 29 de diciembre, cuando Peña dijo en conferencia de prensa, al día siguiente, que el instrumento estaba por ser firmado. Además, Macri estaba de vacaciones.
El juzgado platense en turno durante la feria de enero, cuyo titular es Ernesto Kreplak, recibió una ampliación de denuncia del delegado regional de AFSCA, Luis Guerín, por el no acatamiento a la sentencia precautelar de Arias.
La aprobación del decreto 267 determinó además que la Defensoría del Público recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la ampliación a favor de Clarín de los márgenes de concentración de medios audiovisuales se contrapone con la Convención Americana, que la Argentina suscribe.
En efecto, ese instrumento establece que la concentración es contraria a la libertad de expresión.
La Defensoría informó que desde que el gobierno macrista viene adoptando sucesivos decretos para desarticular los organismos de la Ley 26.522 y modificarla sin recurrir al Congreso recibe presentaciones y reclamos de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones de diversa índole, por la afectación a la libertad de expresión y a la circulación libre de informaciones y opiniones.
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