El gobierno macrista presentó el miércoles 13 un escrito para responder a la resolución de jueces federales que dispusieron la suspensión transitoria de los decretos con los cuales modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del grupo Clarín, después de haber permanecido durante al menos 24 horas sin haber cumplido las sentencias.
Ahora, los dos magistrados que aceptaron la denuncia de inconstitucionalidad de los decretos, porque modificaron leyes sin pasar por el Congreso con el alegato de "necesidad y urgencia", deben examinar los argumentos gubernamentales y adoptar una nueva determinación.
El Poder Ejecutivo realizó este trámite el miércoles 13 pero no presentó apelación, lo que desmiente lo informado por el diario Clarín y repetido horas después por el presidente Mauricio Macri en una rueda de prensa.
En tanto, se registraron más presentaciones o ampliaciones de denuncia contra los representantes del gobierno que el martes 12 y el miércoles 13 no acataron los fallos judiciales de suspensión transitoria de los decretos.
Los amparos habían sido aceptados por el juez federal número 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Garbarino, y por la jueza federal número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns.
Garbarino respondió así a una presentación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Forns lo hizo respecto de la acción interpuesta por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la emisora FM En Tránsito, 93.9, y la revista Güarnin!, en el oeste del Gran Buenos Aires.
Ante el no cumplimiento de los fallos, ambos magistrados enviaron secretarios a la sede de AFSCA, el martes 12, para reiterar la notificación de sus resoluciones.
Los jueces requirieron al Poder Ejecutivo que fundamentaran la "necesidad y urgencia" para los decretos con los cuales el gobierno macrista disolvió AFSCA y AFTIC, creó un organismo nuevo para atribuirse a sí mismo toda la discrecionalidad para tomar decisiones en el campo audiovisual y además extendió, a favor de Clarín, la cantidad de emisoras de radio y televisión que pueden tener las empresas privadas, entre otras medidas.
Al responder a ese requerimiento de explicaciones sobre los motivos de la "necesidad y urgencia", el Poder Ejecutivo obtuvo la suspensión de las resoluciones de los jueces, pero no es cierto, como dijeron Clarín y Macri, que hubiera presentado una apelación y que con ella las medidas cautelares quedaban extinguidas.
Ahora, los jueces Garbarino y Forns deben estudiar los argumentos gubernamentales: si quedan satisfechos, desestimarán el amparo. De lo contrario, abrirán una cautelar para que se dé la discusión de fondo sobre la constitucionalidad o no de los decretos objetados.
Algunos abogados especialistas en comunicación consideraron altamente probable que ambos jueces dispongan una medida cautelar firme, diferente a la transitoria del lunes 11, y que con ello la controversia judicial se alargará, por un plazo difícil de determinar pero en cuyo transcurso el gobierno deberá retirarse de los organismos que ocupó respaldándose en fuerzas policiales, AFSCA y AFTIC, salvo que incumpla otra vez las sentencias judiciales.
El presidente desplazado de AFSCA, Martín Sabbatella, denunció el miércoles ante la jueza Forns al gobierno por incumplimiento de fallo judicial, un delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal.
Patricio Enciso, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, informó el miércoles 13 por la noche que la entidad notificó al mismo juzgado que su disposición anterior no fue acatada por el Poder Ejecutivo.
Simultáneamente, se esperaban resoluciones de jueces por otros amparos presentados por organizaciones o emisores afectados por las decisiones del gobierno.
Enciso explicó que la cooperativa se apresta a cumplir treinta años de actividad y que "desde el primer día peleamos por concebir la comunicación como un derecho y no como una mercancía", junto con otras organizaciones sociales, sindicatos, universidades, pueblos originarios y muchos otros sectores.
Añadió que sin ese derecho "no se puede pensar en el ejercicio de una democracia plena. Lo que hacemos con este amparo es defender los más de treinta años de lucha por ese derecho".
BUENOS AIRES (13.1.16, 23.45 hs)-
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